La administración de Donald Trump ha dado un paso adelante en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para fortalecer su estrategia contra la inmigración irregular en Estados Unidos. De acuerdo con especialistas y defensores de derechos civiles, agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han comenzado a utilizar sofisticadas herramientas de vigilancia para identificar, detener y deportar a inmigrantes, una medida que también podría impactar a ciudadanos estadounidenses.
Entre los métodos implementados se incluyen sistemas de reconocimiento facial en lugares públicos, patrullas robóticas en la frontera sur, monitoreo de redes sociales y análisis masivo de datos mediante empresas contratistas como Babel Street. Esta compañía, por ejemplo, proporciona a las autoridades información detallada sobre relaciones personales, ubicaciones y opiniones políticas de los inmigrantes, recopilada a través de sus actividades en línea.
Estas técnicas permiten construir mapas de conexiones sociales y familiares que facilitan la generación de órdenes de arresto y la justificación de deportaciones. Expertos en privacidad como Saira Hussain, de la Electronic Frontier Foundation, advierten que aunque algunas de estas herramientas ya existían en administraciones pasadas, su uso actual se ha intensificado de manera notable.
Un nuevo programa denominado “Catch and Revoke”, lanzado en marzo bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio, ha puesto de manifiesto el alcance de esta expansión. Este plan rastrea los discursos públicos de estudiantes extranjeros y titulares de visas activas en busca de vínculos con organizaciones terroristas como Hamás. Según cifras oficiales, más de 300 personas ya han perdido sus visas tras ser señaladas por este sistema.
Sin embargo, el uso extendido de la IA no está exento de riesgos. Organizaciones de derechos civiles han alertado que los algoritmos pueden producir errores graves, conocidos como “alucinaciones”, es decir, resultados que parecen ciertos pero que en realidad son falsos. Casos recientes, como el de Jonathan Guerrero y Jensy Machado —ambos ciudadanos estadounidenses detenidos erróneamente por ICE—, ejemplifican las fallas potencialmente devastadoras de confiar en sistemas automatizados para procesos migratorios tan sensibles.
En paralelo, la administración Trump también ha impulsado el regreso del controvertido programa de pruebas de ADN rápidas («Rapid DNA testing»), eliminado en 2023 por preocupaciones relacionadas con la privacidad y la posibilidad de resultados erróneos.
El impacto de estas políticas no se limita a la población migrante. Informes recientes, como el elaborado por el Centro de Privacidad de la Universidad de Georgetown, revelan que las bases de datos utilizadas por ICE incluyen registros públicos y de licencias de conducir de aproximadamente el 75% de los adultos estadounidenses, ampliando así el radio de acción de estas tecnologías de vigilancia.
Adicionalmente, una orden ejecutiva reciente facilita que cuerpos de policía locales actúen como agentes federales de inmigración bajo acuerdos conocidos como 287(g), otorgándoles acceso a bases de datos y herramientas de IA para ampliar su capacidad de realizar arrestos y deportaciones.
Aunque la Casa Blanca defiende estas medidas en nombre de la seguridad nacional, el debate sobre el equilibrio entre la protección fronteriza y el respeto a los derechos fundamentales continúa intensificándose. Desde una perspectiva neutral, resulta evidente que la adopción masiva de inteligencia artificial en el control migratorio plantea interrogantes éticos y legales que Estados Unidos aún no ha resuelto plenamente.