El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes el cierre definitivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una decisión que marca el fin de más de seis décadas de operaciones globales centradas en la asistencia humanitaria y la promoción del desarrollo democrático en países de bajos y medianos ingresos. El anuncio llega tras una larga batalla política y jurídica que ha polarizado a expertos, legisladores y organizaciones internacionales.
Según trascendió, muchas de las funciones que históricamente ejercía USAID serán asumidas directamente por el Departamento de Estado, en un proceso de integración institucional que, según sus promotores, busca aumentar la eficiencia, el control administrativo y la alineación de la ayuda exterior con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Así lo indicó en un memorando interno Jeremy Lewin, actual subdirector de USAID y exfuncionario del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), quien explicó que la eliminación de “posiciones no estatutarias” responde a la nueva estructura orientada al rediseño de la cooperación internacional.
La decisión fue celebrada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien atribuyó la medida al compromiso del expresidente Donald Trump de reducir el gasto público y reorientar la política exterior hacia una lógica de interés nacional. Rubio calificó la clausura de la USAID como “el cierre de una etapa de despilfarro sin control”, en referencia a programas de ayuda que, en su opinión, no representaban beneficios concretos para Estados Unidos.
Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de controversias. Diversas voces críticas, tanto dentro como fuera del país, han advertido sobre las implicaciones geopolíticas y humanitarias de la medida. Organizaciones no gubernamentales, académicos y expertos en relaciones internacionales sostienen que el desmantelamiento de la USAID podría socavar la influencia global de Washington, debilitar su capacidad de respuesta ante crisis humanitarias, y abrir espacio a potencias rivales en regiones donde la presencia estadounidense ha sido históricamente clave.
Uno de los efectos más inmediatos ya se siente en América Latina y, en particular, en Cuba. Medios de comunicación independientes como Cubanet, Diario de Cuba y El Estornudo han visto cortadas las subvenciones que recibían de USAID para mantener sus operaciones informativas. Estas plataformas han advertido que sin ese apoyo externo, su sostenibilidad queda en riesgo, justo en un momento donde la labor del periodismo independiente enfrenta crecientes restricciones y limitaciones. Como respuesta, han apelado a sus lectores y a nuevos modelos de financiamiento para sostener su trabajo.
El cierre de USAID también ha generado inquietud entre actores humanitarios que temen una reducción drástica de fondos destinados a programas de salud, alimentación, educación y fortalecimiento institucional en contextos vulnerables. Algunos analistas subrayan que, si bien la eficiencia administrativa es un objetivo legítimo, la concentración del control en el Departamento de Estado podría limitar la flexibilidad y la visión de largo plazo necesarias para abordar problemas estructurales en países en desarrollo.
El Departamento de Estado ha notificado al Congreso que planea completar la absorción de las funciones de USAID antes del 1 de julio, aunque aún persisten impugnaciones legales en curso. De prosperar, podrían retrasar o incluso revertir parcialmente la implementación del cierre.
Lo cierto es que, con esta decisión, la política de cooperación internacional de Estados Unidos entra en una nueva fase. Mientras algunos ven una oportunidad para redefinir prioridades, otros temen que el repliegue de la USAID deje un vacío que difícilmente pueda llenarse en un escenario global cada vez más competitivo y fragmentado.
