El Gobierno de Colombia rechazó este viernes las afirmaciones del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzosa, que señaló la supuesta existencia de 20.000 cuerpos sin identificar almacenados en un hangar del aeropuerto de Bogotá.
A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores expresó su rechazo «categórico» a la declaración, calificándola como «carente de sustento» y generadora de «confusión y controversia en el país». Asimismo, anunció que se ha enviado una nota verbal de protesta al Comité, exigiendo explicaciones claras sobre el origen de esta información. «La rigurosidad y credibilidad de un órgano especializado de Naciones Unidas están en entredicho con este tipo de declaraciones», indicó la Cancillería.
El Ejecutivo colombiano reafirmó su compromiso con la lucha contra la desaparición forzada y su intención de continuar promoviendo políticas de Derechos Humanos basadas en la transparencia y el escrutinio internacional. Además, subrayó la gravedad de este delito en el país, pero cuestionó la falta de respaldo en las afirmaciones realizadas por el Comité.
Declaraciones del Comité de la ONU
El pasado jueves, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzosa emitió un comunicado tras una visita al país, en el que destacó «serias deficiencias sistémicas» en el manejo de las desapariciones forzadas en Colombia. Según la delegación, «miles de cadáveres sin identificar yacen en cementerios o depósitos mal administrados, como un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde actualmente se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar».
El Comité también denunció la fragmentación del marco jurídico, la ineficiencia institucional y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas. Según el organismo, las desapariciones forzadas no son solo un crimen del pasado, sino que continúan ocurriendo diariamente en todo el país, afectando a diversos grupos como niños, líderes sociales, migrantes, periodistas y combatientes desmovilizados.
Durante su visita, la delegación se reunió con más de 80 autoridades, víctimas y organizaciones de la sociedad civil en distintas regiones del país. El Comité destacó la necesidad urgente de mayor financiación, personal especializado y medidas concretas para combatir la impunidad en estos casos.
«Cada persona desaparecida representa una familia que espera respuestas, una comunidad desgarrada y una sociedad enfrentando un dolor sin resolver», afirmó la delegación. Se espera que el Comité publique un informe completo con sus hallazgos y recomendaciones en abril de 2025.
Mientras tanto, el debate generado por estas afirmaciones continúa siendo motivo de atención en Colombia, tanto en el ámbito político como en el social.
