La Habana — La madrugada del 28 de marzo volvió a evidenciar los riesgos que enfrenta el transporte urbano en la capital cubana. El ómnibus número 725, asignado a la ruta P7, fue objeto de un ataque con piedras mientras prestaba servicio en el municipio del Cotorro, resultando dañado el cristal de una de sus ventanillas laterales. El hecho fue reportado por el propio conductor a las 04:25 horas, según informaron fuentes internas de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana.
Aunque no se reportaron lesionados, el incidente no ha pasado desapercibido, ya que se suma a una serie de agresiones similares ocurridas en los últimos años contra vehículos del transporte estatal. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de hechos refleja un problema más profundo: la creciente inseguridad en determinadas zonas de la ciudad y la falta de mecanismos preventivos eficaces para proteger tanto a trabajadores del sector como a la población usuaria.
La información oficial se limitó a señalar que el caso fue denunciado ante la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del Cotorro, y que se están llevando a cabo investigaciones. Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, no se ofrecieron detalles sobre posibles causas del ataque ni sobre avances concretos en su esclarecimiento.
La ausencia de una estrategia pública clara para abordar este tipo de actos, sumada a las condiciones ya precarias del transporte urbano —marcadas por la escasez de vehículos, las largas esperas y la sobrecarga de pasajeros—, agrava el malestar ciudadano y alimenta un clima de frustración generalizada. “No es solo el daño material al ómnibus; es el mensaje de impunidad y abandono que se transmite cada vez que esto pasa y no se resuelve”, comentó un usuario habitual de la ruta P7.
La Empresa Provincial de Transporte, por su parte, ha emitido comunicados en redes sociales reconociendo los hechos, pero sin ofrecer medidas concretas para prevenir su repetición. Mientras tanto, quienes dependen diariamente del transporte público siguen enfrentando no solo la incertidumbre del horario, sino también el riesgo de viajar en condiciones cada vez más vulnerables.
Este nuevo ataque obliga a mirar más allá del vidrio roto de una ventanilla: pone sobre la mesa la necesidad urgente de repensar el enfoque hacia la seguridad ciudadana y la protección de los servicios públicos, sin depender únicamente de reacciones formales o protocolos sin resultados visibles. En una ciudad donde la movilidad es cada vez más difícil, cada ómnibus dañado representa no solo una pérdida material, sino una fractura más en el ya deteriorado contrato social entre ciudadanos y Estado.
