Washington, D.C. — El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha comenzado a enviar notificaciones formales a miles de migrantes acogidos al programa de parole humanitario, incluidos más de 26.000 ciudadanos cubanos, advirtiéndoles que deberán abandonar el país antes del 24 de abril o enfrentarán procesos de deportación que podrían inhabilitarlos para futuras solicitudes migratorias.
Esta decisión marca un giro sustancial en la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, que ha calificado como un “fracaso” los programas humanitarios implementados por su predecesor, Joe Biden. Según reporta Europa Press, la actual administración argumenta que el mecanismo permitió la entrada de más de medio millón de personas provenientes de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua bajo criterios que, a juicio del gobierno, debilitan la seguridad fronteriza y el control migratorio.
Las cartas enviadas por el DHS indican explícitamente que el estatus de permanencia temporal será anulado en la fecha mencionada y advierten sobre las consecuencias legales de permanecer en territorio estadounidense una vez expirado el permiso. Para las autoridades migratorias, estos beneficiarios son plenamente identificables, ya que tanto ellos como sus patrocinadores aportaron previamente datos personales detallados al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
Entre los más vulnerables se encuentran los ciudadanos cubanos que aún no han cumplido el requisito de residencia física mínima de un año y un día, condición indispensable para aplicar a la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. Al perder la protección del parole antes de alcanzar ese umbral, se exponen a la expulsión inmediata, sin posibilidad de regularizar su estatus a través de ese mecanismo.
En este contexto, abogados y organizaciones de ayuda legal han instado a los afectados a no permanecer pasivos. Los especialistas en inmigración recomiendan iniciar sin demora solicitudes formales —como peticiones de asilo político, procesos de ajuste bajo la Ley de Ajuste Cubano o trámites familiares— que puedan proporcionar una base legal para permanecer en el país mientras se resuelven sus casos. También subrayan la importancia de conservar toda la documentación que acredite estos procedimientos y evitar cualquier acción, como regresar a Cuba, que pueda debilitar sus argumentos ante las autoridades migratorias.
“Las notificaciones del DHS no deben ser ignoradas. Esperar una solución judicial generalizada podría dejar a muchas personas desprotegidas”, advirtió un abogado de inmigración con sede en Miami, quien pidió mantener la calma, pero actuar con celeridad.
Por el momento, esta revocación no afecta a quienes ya han obtenido la residencia permanente (Green Card), ni a quienes ingresaron al país a través del programa CBP One, aunque a estos últimos también se les recomienda avanzar cuanto antes con sus solicitudes de asilo.
La medida refleja un endurecimiento progresivo del enfoque migratorio del actual gobierno, que parece decidido a desmantelar los pilares humanitarios establecidos durante la administración anterior. Mientras tanto, miles de familias enfrentan la incertidumbre de un plazo que se agota rápidamente, y la necesidad urgente de buscar alternativas legales para evitar la deportación y preservar su derecho a un futuro en Estados Unidos.
