Redacción CubaHerald
10 de abril de 2025
Una jueza federal en Boston suspendió este jueves la entrada en vigor de una medida que buscaba anular el parole humanitario concedido a cientos de miles de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. La decisión frena una acción del gobierno del expresidente Donald Trump que pretendía revocar el estatus legal temporal de más de medio millón de personas beneficiadas bajo esta política migratoria.
La jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito, dictaminó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpretó de forma errónea la ley al tratar de aplicar procesos de deportación acelerada a personas que ingresaron legalmente al país con autorización mediante el parole. La decisión judicial especifica que este procedimiento solo es válido para quienes cruzan la frontera sin permiso, no para quienes accedieron por vías legales.
El fallo detiene temporalmente una política que estaba prevista para entrar en vigor el 24 de abril de 2025. De haber sido aplicada, habría colocado en riesgo el estatus migratorio de los beneficiarios y comprometido su estabilidad laboral, especialmente en el caso de miles de cubanos que todavía no cumplen con los requisitos de tiempo para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.
El programa de parole humanitario fue implementado inicialmente en 2022 para ciudadanos venezolanos y posteriormente ampliado a cubanos, nicaragüenses y haitianos en 2023. Este mecanismo permite la permanencia legal en Estados Unidos por hasta dos años, siempre y cuando los beneficiarios cuenten con un patrocinador. Para los cubanos, también representa una vía para solicitar la residencia permanente después de un año y un día en el país.
Según datos recientes, al menos 26.000 cubanos estarían en riesgo de quedar en un limbo legal si el parole fuera revocado antes de que puedan cumplir con ese plazo.
Aunque el fallo representa un obstáculo legal para la administración Trump, el gobierno podría apelar la decisión y llevar el caso ante tribunales superiores, incluyendo la Corte Suprema. De hecho, el 7 de abril, este tribunal permitió al Ejecutivo aplicar temporalmente la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para facilitar deportaciones rápidas de personas presuntamente vinculadas a pandillas, marcando un precedente reciente en la postura judicial sobre asuntos migratorios.
La resolución de la jueza Talwani refuerza el control judicial sobre las decisiones del Ejecutivo en materia migratoria, al tiempo que proporciona alivio temporal a quienes ingresaron al país bajo un marco legal establecido.
