El Tribunal de Apelaciones en Washington D.C. ha decidido posponer temporalmente una demanda presentada por Exxon Mobil contra las empresas cubanas CIMEX y CUPET, ambas pertenecientes al conglomerado GAESA. La demanda busca una compensación por la nacionalización y la explotación posterior de la refinería Ñico López y aproximadamente cien estaciones de servicio, hechos ocurridos en 1960 durante el gobierno de Fidel Castro.
El litigio se sustenta en el Título III de la Ley Helms-Burton, reactivado durante la administración de Donald Trump, que permite reclamaciones por propiedades expropiadas por el gobierno cubano. Un panel de tres jueces dictaminó con dos votos a favor y uno en contra la pausa del proceso, indicando la necesidad de un análisis adicional sobre las excepciones de jurisdicción y actividad comercial.
El juez Sri Srinivasan expresó que la Ley Helms-Burton no confiere directamente jurisdicción al tribunal para este caso, señalando que la excepción de expropiación requerida bajo la ley requiere un análisis más profundo. Por otro lado, las empresas cubanas habían buscado desestimar la demanda previamente, invocando la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), argumentando que su inmunidad como entidades estatales debería prevalecer a menos que se demuestre que sus actividades comerciales afectaron directamente a Estados Unidos.
La FSIA establece que las actividades comerciales relacionadas con bienes confiscados podrían excluir la aplicación de inmunidad soberana si afectan significativamente a entidades o intereses estadounidenses. Mientras tanto, el juez Raymond Randolph, quien votó en contra de la paralización, argumentó que el Título III de la Ley Helms-Burton debe ser visto como un recurso independiente para este tipo de reclamaciones.
Esta pausa en la demanda representa un momento clave en el tratamiento legal de las expropiaciones realizadas por el gobierno cubano, y resalta la complejidad de aplicar leyes internacionales en conflictos de propiedades nacionalizadas hace décadas. La decisión final del tribunal podría tener implicaciones significativas tanto para las relaciones internacionales como para los precedentes legales en casos de expropiación y reclamaciones internacionales.
