Colón, Matanzas — La ya precaria situación del sistema de salud en Cuba ha sumado un nuevo y alarmante capítulo con el reciente intento de robo de dos botellones de oxígeno medicinal en el Hospital General Mario Muñoz Monroy, en el municipio de Colón. El responsable del hecho fue identificado como Extivy Castro Ramírez, un ciudadano guantanamero con antecedentes penales por robo con fuerza y hurto, que fue sorprendido in fraganti mientras intentaba sustraer los cilindros de este recurso vital.

El suceso ha generado una oleada de indignación, no solo entre el personal médico, sino también en la ciudadanía, que observa con creciente desconcierto cómo incluso los espacios destinados a preservar la vida se han convertido en blanco de la delincuencia. En un país donde la escasez alcanza desde los alimentos hasta los insumos hospitalarios más elementales, este tipo de actos no solo agravan la crisis, sino que exponen la fragilidad moral que se ha extendido como una epidemia paralela.

El oxígeno medicinal, indispensable para el tratamiento de pacientes con afecciones respiratorias, se ha convertido en un recurso escaso en muchos hospitales cubanos, especialmente tras la pandemia y el colapso progresivo de la infraestructura sanitaria. Que alguien intente apropiarse de ese recurso, destinado a salvar vidas, ilustra con crudeza el deterioro de los valores en una parte de la sociedad cubana, donde la desesperación, la impunidad y la descomposición institucional parecen haberse normalizado.

“Esto no es solo un acto de delincuencia, es un reflejo de hasta dónde ha caído el sentido común y la decencia en nuestro país. Ya ni los enfermos pueden tener paz, ni seguridad en un hospital”, comentó a medios locales un trabajador del centro asistencial que pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

En el imaginario colectivo cubano, el “guajiro” ha sido tradicionalmente símbolo de honradez y esfuerzo. Que un hombre del oriente del país, tierra históricamente reconocida por su laboriosidad, haya optado por el camino del pillaje, suma un matiz especialmente doloroso a esta historia. El refrán popular “tanto absurdo mata” parece encontrar eco en cada nuevo caso de corrupción, robo o negligencia que sacude a la nación.

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación sobre el hecho, y se espera que el individuo enfrente cargos por intento de sustracción de bienes estatales de alto valor, especialmente sensibles por su carácter estratégico en el sistema de salud. Sin embargo, más allá de las sanciones legales, lo ocurrido ha reavivado un debate urgente sobre el colapso ético de la sociedad cubana y la falta de garantías para la población más vulnerable.

En medio de hospitales sin medicamentos, médicos sobrecargados y pacientes que deben llevar hasta una jeringuilla desde casa, el intento de robar oxígeno no puede verse como un hecho aislado. Es, más bien, una señal inequívoca de que en Cuba, la crisis no solo es económica, sino también humana. Y mientras el país se desangra lentamente, ni siquiera los enfermos pueden sentirse a salvo dentro de las paredes de un hospital.

La Habana — La madrugada del 28 de marzo volvió a evidenciar los riesgos que enfrenta el transporte urbano en la capital cubana. El ómnibus número 725, asignado a la ruta P7, fue objeto de un ataque con piedras mientras prestaba servicio en el municipio del Cotorro, resultando dañado el cristal de una de sus ventanillas laterales. El hecho fue reportado por el propio conductor a las 04:25 horas, según informaron fuentes internas de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana.

Aunque no se reportaron lesionados, el incidente no ha pasado desapercibido, ya que se suma a una serie de agresiones similares ocurridas en los últimos años contra vehículos del transporte estatal. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de hechos refleja un problema más profundo: la creciente inseguridad en determinadas zonas de la ciudad y la falta de mecanismos preventivos eficaces para proteger tanto a trabajadores del sector como a la población usuaria.

La información oficial se limitó a señalar que el caso fue denunciado ante la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del Cotorro, y que se están llevando a cabo investigaciones. Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, no se ofrecieron detalles sobre posibles causas del ataque ni sobre avances concretos en su esclarecimiento.

La ausencia de una estrategia pública clara para abordar este tipo de actos, sumada a las condiciones ya precarias del transporte urbano —marcadas por la escasez de vehículos, las largas esperas y la sobrecarga de pasajeros—, agrava el malestar ciudadano y alimenta un clima de frustración generalizada. “No es solo el daño material al ómnibus; es el mensaje de impunidad y abandono que se transmite cada vez que esto pasa y no se resuelve”, comentó un usuario habitual de la ruta P7.

La Empresa Provincial de Transporte, por su parte, ha emitido comunicados en redes sociales reconociendo los hechos, pero sin ofrecer medidas concretas para prevenir su repetición. Mientras tanto, quienes dependen diariamente del transporte público siguen enfrentando no solo la incertidumbre del horario, sino también el riesgo de viajar en condiciones cada vez más vulnerables.

Este nuevo ataque obliga a mirar más allá del vidrio roto de una ventanilla: pone sobre la mesa la necesidad urgente de repensar el enfoque hacia la seguridad ciudadana y la protección de los servicios públicos, sin depender únicamente de reacciones formales o protocolos sin resultados visibles. En una ciudad donde la movilidad es cada vez más difícil, cada ómnibus dañado representa no solo una pérdida material, sino una fractura más en el ya deteriorado contrato social entre ciudadanos y Estado.