El Ministerio del Interior (MININT), en colaboración con la Fiscalía General y la Contraloría de la República, ha reafirmado su compromiso con el uso de denuncias anónimas para enfrentar las ilegalidades en Cuba. Según informó el coronel Felipe Oliver García Sariego, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento a los Delitos contra la Economía de la Dirección Técnica de Investigaciones (DTI), el MININT prioriza las quejas de la población, aunque subrayó que el organismo cuenta con sus propios mecanismos para la detección del delito.

García Sariego explicó que los anónimos se analizan y evalúan minuciosamente, buscando antecedentes y puntos de coincidencia que confirmen la veracidad de los hechos antes de proceder a su investigación. Sin embargo, esta práctica se ha percibido como una herramienta de control social que refuerza un ambiente de desconfianza y vigilancia constante.

Humberto López, vocero oficialista, presentó datos en el programa Hacemos Cuba del Canal Caribe, indicando que entre enero y mayo de este año, el 58% de las denuncias hechas por la población al MININT han sido corroboradas por las investigaciones realizadas. En el caso de la Contraloría, esta cifra asciende al 70%, mientras que la Fiscalía reporta un 56% de coincidencia. Estas cifras, aunque presentadas como un éxito del sistema, también reflejan un estado de vigilancia y delación que invade la vida cotidiana de los ciudadanos.

Luis Pérez Morales, jefe de la Dirección de Procesos de verificaciones fiscales, destacó que muchas de las quejas llegan a la Fiscalía después de haber sido desestimadas por las entidades correspondientes. Esto subraya la ineficiencia y desconfianza en los mecanismos internos de las instituciones, forzando a los ciudadanos a recurrir a medidas extremas para ser escuchados.

El Vicecontralor General de la República, Darlam Dalmau Palomino, reconoció que las quejas de la población, incluidas las anónimas, son una fuente valiosa de información sobre posibles irregularidades en diversas entidades. No obstante, este enfoque intensifica la percepción de un sistema que depende de la delación y la desconfianza mutua entre ciudadanos.

Para muchos cubanos, existe una delgada línea entre una “denuncia anónima” y una “delación incógnita”. Recientemente, en un espacio televisivo, el coronel Rogelio Luis Lazo del MININT explicó cómo un ciudadano puede ser objeto de denuncias anónimas y vigilancia policial, incluso enfrentarse a un proceso penal si no cumple con ciertas normas laborales o académicas y persiste en conductas consideradas disruptivas. Este tipo de medidas refuerza el control social y limita las libertades individuales, manteniendo a la población en un estado constante de autocensura y temor.

En este contexto, el gobierno cubano ha promovido históricamente la “chivatería” como un comportamiento «cívico» acorde con los principios de la revolución. Sin embargo, esta práctica se ha integrado en la estructura social como un mecanismo de control y supervisión, perpetuando un ambiente de vigilancia y represión que ha caracterizado a la sociedad cubana por más de seis décadas.