LA HABANA, CUBA. — La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este domingo 25 de octubre que en Cuba hay «patrones persistentes y nuevas modalidades de restricción a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo». El informe se aprobó en la 82.ª Asamblea General de la organización, celebrada en Bogotá, Colombia.
Según la SIP, el Gobierno cubano usa cada vez más a la Policía y a los tribunales como «instrumentos de presión y represión» contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan sobre lo que pasa en la isla. Por eso han aumentado las detenciones, las citaciones, los interrogatorios y los procesos judiciales contra ellos.
El caso más grave, según el informe, es el de Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la propia SIP. Está en prisión provisional en Kilo 7, la cárcel de máxima seguridad de Camagüey. Lo acusan de «desobediencia» por haber llegado tarde a una citación, cuando los agentes de la Seguridad del Estado ya se habían ido.
El informe también recuerda que Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina, del proyecto digital El4tico (El Cuartico), siguen presos acusados de incitar al «desorden público» por sus videos de análisis y sátira política. Menciona además a los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por participar en protestas, y a Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de cárcel después de entrevistar a menores durante una manifestación.
Otro caso que señala la SIP es el de la joven de 21 años Anna Sofía Benítez Silvente, conocida en redes como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente. El 1 de octubre las condenaron a dos años de «libertad limitada» por grabar y difundir un video de un suboficial del Ministerio del Interior durante una citación.
La organización explica que muchas veces las citaciones verbales son el primer paso antes de una detención y un proceso penal. También dice que delitos ambiguos como «desobediencia», «desórdenes públicos» o «actos contra la intimidad» se usan para presionar a los periodistas. A eso se suman las prohibiciones de salir del país a quienes el Estado considera «regulados».
La SIP también critica el Decreto 160, recién publicado, que impide que los medios independientes se registren legalmente como actividades privadas y deja bajo control del Estado el periodismo, las agencias de noticias y la radiodifusión. Con ese marco legal, la prensa independiente sigue trabajando sin protección legal, mientras el Estado controla los principales medios y todas las telecomunicaciones.
Fuentes: Sociedad Interamericana de Prensa; EFE.
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