Una nueva jornada de crisis energética vuelve a evidenciar una percepción creciente entre sectores de la ciudadanía: la existencia de un tratamiento desigual entre la capital y el resto del país en la distribución —y suspensión— del servicio eléctrico.
Mientras el Gobierno Provincial de La Habana publicó una nota informativa asegurando que durante la madrugada “NO se afectó el servicio” y que al cierre del comunicado “no hay afectación por déficit”, en numerosas localidades del interior del país —entre ellas municipios de Villa Clara, Ciego de Ávila y Camagüey— se han reportado cortes de electricidad de hasta 23 horas, en algunos casos con períodos acumulados de apagones que superan varios días.
La nota de La Habana, difundida en redes institucionales, detalla además que la afectación en la capital durante la jornada anterior fue de 17 horas y 47 minutos, restableciéndose el servicio alrededor de las 8:37 p.m., y añade que las interrupciones “dependerán de las exigencias del SEN”.
Sin embargo, la lectura de estos datos desde el interior del país ha generado malestar. Para una parte de la población, el contraste parece contundente: zonas capitalinas sin afectaciones nocturnas, mientras decenas de miles de familias fuera de La Habana llevan días prácticamente desconectadas del servicio eléctrico, con consecuencias para el descanso, la conservación de alimentos, la atención médica en hogares y la continuidad laboral.
En plataformas sociales, usuarios residentes en provincias han expresado su indignación, calificando la situación de “abuso” y “trato de ciudadanos de tercera”. Algunos cuestionan además si el desequilibrio busca evitar tensiones sociales en la capital —donde la concentración poblacional y política es mayor— mientras las provincias cargan con el peso del déficit energético. Otros señalan la paradoja de que gran parte de la producción de alimentos proviene del interior del país, y aun así estas regiones serían —según sus testimonios— las más castigadas en el reparto de electricidad disponible.
En ausencia de datos oficiales desglosados por provincia, la dimensión total del fenómeno depende de reportes ciudadanos y avisos locales. No obstante, el patrón observado se repite desde hace semanas: interrupciones prolongadas y reiteradas fuera de La Habana, frente a ventanas de respiro más amplias en la capital.
La situación ocurre al cierre de un año marcado por fallas en la generación, averías en centrales termoeléctricas, falta de combustible y una programación que, según entidades estatales, “no ha podido cumplirse”. Todo ello configura un escenario de desgaste social, agudizado por la llegada de los meses más calurosos y por la necesidad de refrigeración de alimentos en hogares con escasez de recursos.
En tanto La Habana presenta partes oficiales con tono de control y estabilidad, el interior del país continúa esperando respuestas, cronogramas creíbles y, sobre todo, un reparto equitativo del sacrificio.
El debate que se expande en redes sociales no discute si La Habana debe o no verse afectada, sino el fundamento mismo del modelo de distribución:
¿por qué algunos territorios permanecen casi 24 horas sin servicio mientras otros mantienen ventanas de estabilidad?
y ¿por qué no se presenta al país un esquema de programación creíble, transparente y cumplible, donde todas las familias —vivan donde vivan— puedan descansar, cocinar y vivir con dignidad?
Mientras no existan datos oficiales que aclaren criterios de reparto y razones técnicas precisas, el sentimiento predominante es inequívoco:
la electricidad, como derecho básico para la vida cotidiana, no debe convertirse en un privilegio geográfico.
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