Las tensiones en Estados Unidos han alcanzado un nuevo punto crítico tras cinco días consecutivos de protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias del ICE y el reciente despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump. La situación en el centro de la ciudad, particularmente en el Distrito de las Artes y Little Tokyo, se ha tornado volátil, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que han requerido el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.
Según reporta CNN, las autoridades han activado a 700 marines y Trump ha ordenado movilizar a otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, duplicando su despliegue inicial. Esta decisión ha sido duramente criticada por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quienes calificaron el uso de tropas como una muestra de autoritarismo federal. “Nuestra ciudad está siendo utilizada como experimento político”, denunció Bass.
En paralelo, el estado de California ha demandado al Gobierno federal, citando violaciones a la Décima Enmienday a la histórica Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas militares para tareas policiales dentro del país, salvo autorización explícita del Congreso.
Mientras tanto, las calles de Los Ángeles muestran los efectos de la confrontación: edificios públicos con grafitis, vidrios rotos y arrestos masivos. Sin embargo, los reportes indican que los actos violentos se han concentrado en zonas específicas del centro, mientras que gran parte de la ciudad continúa operando con relativa normalidad.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparecerá esta semana ante el Congreso, donde se le interrogará no solo por su papel en el uso interno de las Fuerzas Armadas, sino también por su implicación en el polémico caso conocido como “Signalgate”. Su reciente publicación en redes sociales anunciando movilizaciones inmediatas ha generado desconcierto incluso dentro del Pentágono.
Las manifestaciones no se limitan a California. Se han registrado protestas similares en ciudades como Nueva York, Atlanta, San Francisco, Dallas y Louisville, lo que indica un creciente rechazo a las políticas migratorias del actual Gobierno.
Mientras el país observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, las fuerzas del orden intentan diferenciar entre manifestantes pacíficos y los llamados “alborotadores profesionales”, señalados por buscar deliberadamente el caos. No obstante, organizaciones civiles insisten en que el uso desproporcionado de la fuerza pone en peligro el ejercicio del derecho a la protesta.
La polarización política y social que envuelve estas protestas abre un nuevo capítulo en la disputa por el control migratorio y el respeto a las libertades constitucionales en Estados Unidos.
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