Varias organizaciones civiles interpusieron una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump, acusándola de impedir que inmigrantes trasladados a la base naval de Guantánamo tengan acceso a representación legal. La querella, encabezada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), argumenta que esta medida viola derechos constitucionales.
La acción legal fue presentada en un tribunal de Washington, D.C., y señala al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como responsables de la situación. Entre los funcionarios demandados se encuentran Kristi Noem, Pete Hegseth, Marco Rubio y Caleb Vitello.
De acuerdo con la demanda, los migrantes han sido retenidos en la base sin posibilidad de comunicarse con abogados, familiares ni con el exterior. ACLU denunció el caso en redes sociales, señalando que la medida es ilegal y anunciando que llevará la disputa a los tribunales.
Guantánamo ha sido utilizada en distintas ocasiones para la detención de personas consideradas amenazas para la seguridad nacional. En febrero, más de 50 migrantes fueron trasladados a la base, lo que provocó críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Entre los demandantes figuran familiares de tres migrantes venezolanos detenidos en Texas antes de ser enviados a Guantánamo. La demanda también cuenta con el respaldo de cuatro organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes: Americas Immigrant Advocacy Center, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, American Gateways y Americans for Immigrant Justice.
Los abogados que llevan el caso solicitan que se emita una orden judicial que garantice a los detenidos el derecho a reunirse con sus representantes legales. También exigen que el gobierno brinde información sobre el paradero de cada persona trasladada a la base en un plazo de 24 horas.
El 31 de enero, el presidente Trump firmó un decreto en el que ordenó al Departamento de Defensa y al DHS preparar las instalaciones de Guantánamo para recibir hasta 30,000 migrantes. Pete Hegseth, secretario de Defensa, defendió la decisión, argumentando que es una medida efectiva para gestionar la crisis migratoria.
El 4 de febrero, el primer grupo de migrantes llegó a Guantánamo en un vuelo militar. Se prevé que el número de trasladados aumente en las próximas semanas, y que alrededor de 300 militares sean asignados a las labores de detención en la base.
Desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero, su gobierno ha intensificado las acciones contra la inmigración irregular. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que más de 8,000 personas han sido detenidas en operativos recientes.
El presidente ha reiterado su compromiso de deportar a una gran cantidad de los aproximadamente 11.7 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Mientras tanto, diversas organizaciones han expresado su preocupación por el impacto de estas medidas y por las posibles violaciones a los derechos de los migrantes.
