Más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en California por orden del presidente Donald Trump, en respuesta a una nueva jornada de protestas contra ICE y sus redadas de migrantes. El despliegue se concentró especialmente en el área de Los Ángeles, tras incidentes registrados en Compton y San Bernardino.
El gobernador Gavin Newsom denunció la medida como una “provocación injustificada” y acusó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de actuar de forma irresponsable al sugerir incluso el uso de marines si persisten los disturbios. A su vez, la alcaldesa Karen Bass calificó la acción como una “invasión de competencias estatales”.
El asesor de seguridad fronteriza, Tom Homan, advirtió que los funcionarios que interfieran “podrían ser detenidos”, señalando que impedir los operativos federales puede constituir un delito.
El fiscal federal Bill Essayli confirmó al menos una decena de arrestos por supuestamente obstruir a los agentes migratorios, y advirtió que “seguirán deteniendo a quienes interfieran con la ley federal”.
Amnistía Internacional calificó el despliegue como “alarmante”, denunciando la militarización de la respuesta ante protestas legítimas. “La libertad de expresión no debe responderse con tropas”, señaló su director ejecutivo, Paul O’Brien.
Las manifestaciones, iniciadas en California, se han extendido a otros estados como Nueva York, Illinois y Florida, mientras organizaciones civiles alertan sobre detenciones arbitrarias y perfiles raciales en los operativos.
El clima político se tensa, mientras Washington estudia nuevas medidas y la sociedad civil exige respeto a los derechos constitucionales.
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