La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comunicado al Tribunal Supremo que Google y WhatsApp han accedido a conservar los datos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la investigación en su contra por una presunta revelación de secretos, según reporta Europa Press. La investigación busca recuperar información almacenada en los servicios de mensajería y correo electrónico del fiscal general, en relación con el caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En un informe fechado el 10 de marzo, los agentes informaron que Google había respondido afirmativamente a la solicitud de conservación de datos, mientras que WhatsApp ya había enviado su confirmación el 29 de enero. La orden de conservación fue emitida por el Supremo el 28 y 30 de enero, tras una petición de la UCO para asegurar que la información relevante no se pierda mientras se tramitan las comisiones rogatorias internacionales.
El instructor del caso había solicitado previamente a ambas compañías la recuperación de mensajes, correos electrónicos y copias de seguridad vinculadas a García Ortiz. Sin embargo, las autoridades irlandesas, donde inicialmente se dirigieron las solicitudes, indicaron que en el caso de WhatsApp la petición debía enviarse a Estados Unidos, lo que ya ha sido gestionado.
La investigación surgió luego de que la Guardia Civil, tras registrar el despacho del fiscal general, no encontrara mensajes en los dispositivos incautados. Posteriormente, se constató que García Ortiz había cambiado de teléfono móvil y eliminado su cuenta personal de correo electrónico, lo que llevó al instructor a ordenar la solicitud de datos a las compañías tecnológicas.
En el marco de la pesquisa, la UCO pidió a WhatsApp la entrega de los mensajes enviados y recibidos, incluyendo los detalles básicos de las comunicaciones (emisor, receptor, fecha y hora), copias de seguridad de chats y archivos multimedia, así como los registros de actividad en la plataforma. A Google, por su parte, se le requirieron datos almacenados en sus servicios vinculados a la cuenta del fiscal general, incluyendo copias de seguridad de dispositivos y registros de comunicaciones.
Por el momento, el Tribunal Supremo se mantiene a la espera de que ambas compañías respondan formalmente a las comisiones rogatorias, lo que permitirá determinar si se puede recuperar la información solicitada en el marco de la investigación.