Un juez federal en Ohio ordenó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración reanudar el procesamiento de solicitudes migratorias que habían quedado paralizadas bajo políticas vinculadas a las restricciones de viaje impulsadas por la administración Trump.
La decisión fue emitida por el juez Algenon L. Marbley, del Tribunal Federal para el Distrito Sur de Ohio, en el caso John Doe 1 et al. v. Joseph B. Edlow et al.. La orden concede una medida preliminar a favor de los demandantes y bloquea la aplicación de varios memorandos y alertas de política migratoria que habían provocado demoras en expedientes de personas ya presentes legalmente en Estados Unidos.
El fallo ordena a las autoridades reanudar el trámite de solicitudes pendientes de ajuste de estatus Form I-485, documentos de viaje Form I-131 y resolver las solicitudes de permiso de trabajo Form I-765 dentro de un plazo de 30 días para los demandantes incluidos en la acción judicial. En casos específicos relacionados con permisos de empleo vinculados a entrenamiento práctico opcional, la corte también ordenó ajustar la validez de los documentos para compensar el tiempo perdido por la suspensión.
La orden no significa que las residencias, permisos de trabajo o documentos de viaje queden aprobados automáticamente. Lo que establece el tribunal es que USCIS y DHS no pueden mantener esos expedientes en un limbo indefinido sin procesarlos ni emitir una decisión conforme a la ley migratoria vigente.
El caso se originó tras la demanda de inmigrantes cuyos trámites quedaron detenidos por su país de nacimiento o nacionalidad, en medio de políticas federales asociadas a restricciones de entrada y revisiones de seguridad. Entre las medidas examinadas por el tribunal aparecen políticas que extendían efectos de proclamaciones presidenciales sobre personas que ya estaban dentro de Estados Unidos y que habían presentado solicitudes ante USCIS.
Para la comunidad inmigrante, el fallo tiene especial relevancia porque distingue entre restricciones de entrada al país y el derecho de quienes ya están legalmente en territorio estadounidense a que sus solicitudes sean evaluadas. En su opinión, el juez cuestionó que la agencia trasladara restricciones de entrada al procesamiento interno de beneficios migratorios, afectando a solicitantes que ya se encontraban en Estados Unidos.
La decisión de Ohio se suma a otro fallo emitido en junio por un juez federal en Rhode Island, que también invalidó políticas de USCIS que habían congelado beneficios migratorios para nacionales de decenas de países. En ese caso, el tribunal concluyó que la suspensión masiva de beneficios como permisos de trabajo, residencia, naturalización y otros trámites era contraria a la ley y arbitraria bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
El alcance práctico de la nueva orden todavía dependerá del desarrollo del litigio y de posibles apelaciones. Por ahora, el fallo beneficia directamente a los demandantes del caso y puede servir como precedente para otros expedientes afectados por políticas similares, aunque cada caso migratorio debe ser evaluado de forma individual.
La administración Trump ya ha defendido estas medidas bajo argumentos de seguridad nacional, pero los tribunales federales han empezado a cuestionar que una política general, basada en nacionalidad o país de origen, pueda justificar la paralización indefinida de trámites presentados legalmente ante USCIS.
Para miles de inmigrantes que esperan permisos de trabajo, documentos de viaje o decisiones sobre residencia permanente, la señal judicial es clara: el Gobierno puede aprobar o negar un beneficio migratorio si la ley lo permite, pero no puede dejar una solicitud congelada indefinidamente sin explicación ni resolución.
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