Un acto que ha conmocionado a la comunidad de Báguano, en la provincia de Holguín, ha vuelto a encender el debate sobre el deterioro de los valores sociales y la impunidad ante ciertos delitos. Según reporta el portal La Tijera, un individuo aún no identificado violentó la tumba de un niño recientemente fallecido en el Cementerio Viejo del municipio y se llevó los juguetes y peluches que sus familiares habían colocado en su honor. El pequeño había sido sepultado hace apenas dos meses.
La escena resulta difícil de asimilar incluso para una población acostumbrada a enfrentar carencias materiales y situaciones adversas. Pero este hecho ha tocado un límite ético intolerable. No se trata solo de un robo: es una ofensa directa al dolor de una familia aún sumida en el luto, y un agravio a la memoria de un menor cuya vida terminó de forma prematura. El gesto, carente de humanidad, ha sido calificado por los vecinos como una muestra aberrante de hasta dónde puede llegar la miseria moral cuando no hay consecuencias firmes ni una respuesta contundente por parte de las autoridades.
Además de la tumba del niño, otro sepulcro infantil fue objeto de saqueo, en este caso con la sustracción de un peluche. Aunque no se ha confirmado si ambos hechos están conectados, el patrón sugiere una acción deliberada que no puede ni debe pasar por alto.
El clamor entre los residentes de Báguano no ha tardado en llegar. La población exige no solo que se investigue con celeridad y profundidad, sino que se imponga un castigo ejemplar al responsable. Este tipo de crímenes —que transgreden los códigos más básicos de respeto humano y comunitario— deben ser enfrentados con todo el peso de la ley.
En un país donde la escasez y las dificultades cotidianas muchas veces parecen justificar lo injustificable, es imperativo trazar líneas claras. Robarle a un niño muerto no puede encontrar comprensión ni explicación posible. Es un acto vil, y como tal, requiere una respuesta firme, que no se limite a lamentos públicos o condenas simbólicas.
Este suceso también deja al descubierto la vulnerabilidad de los cementerios, especialmente en localidades rurales donde la vigilancia es escasa o inexistente. El abandono institucional de estos espacios, sumado al silencio frecuente ante delitos de esta índole, contribuye a que prácticas inaceptables encuentren terreno fértil para repetirse.
Mientras las familias afectadas enfrentan un nuevo dolor, la comunidad de Báguano —y por extensión el país entero— espera algo más que indignación: espera justicia. La tolerancia frente a este tipo de conductas solo profundiza la descomposición social y moral. Y frente a eso, la única respuesta legítima es una acción firme, transparente y ejemplarizante.
