La fiscal general de Florida, Ashley Moody, ha instado a la Comisión de Relaciones Humanas de Florida (FHRC) a investigar las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de la cadena internacional de cafeterías Starbucks, argumentando posibles violaciones a las leyes antidiscriminatorias del estado.
Moody expresó en una carta dirigida a la FHRC su preocupación por las prácticas de DEI en Starbucks, que según ella, podrían estar fomentando discriminación, particularmente por motivos de raza. La fiscal general cita un reciente fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que subraya que la discriminación racial es inaceptable en cualquier contexto, ya que afecta la dignidad y el valor inherente de las personas.
En su comunicación, la fiscal enfatiza que, a pesar de los objetivos de las políticas DEI de abordar y prevenir la discriminación, estas podrían haber derivado en prácticas laborales que son, en efecto, ilegales y discriminatorias. Además, señala que la compañía ha hecho públicos sus compromisos de alcanzar una representación significativa de personas BIPOC (Black, Indigenous, and People of Color) en todos los niveles corporativos y roles minoristas y de fabricación para el año 2025. Las bonificaciones de los ejecutivos de Starbucks están incluso vinculadas al logro de estos objetivos de diversidad.
La solicitud de Moody a la FHRC es que se lleve a cabo una investigación completa que incluya una revisión meticulosa de los programas, políticas y prácticas implementadas por Starbucks. La FHRC, responsable de hacer cumplir la Ley de Derechos Civiles de Florida, aborda cuestiones de discriminación no solo en el ámbito laboral sino en diversas áreas.
Hasta el momento, Starbucks no ha emitido comentarios respecto a las acusaciones planteadas por la fiscal general. Históricamente, la empresa ha defendido sus iniciativas de DEI, alegando que están diseñadas para fomentar la inclusión y la igualdad dentro del ambiente laboral.
Este llamado a la revisión de las prácticas de DEI en Starbucks pone a la empresa en el foco de una creciente controversia en Florida, donde se debate la implementación y los efectos de tales políticas en el ambiente corporativo.