En medio de una de las crisis de abastecimiento de agua más graves que ha vivido Cuba en los últimos años, la provincia de Pinar del Río enfrenta una situación alarmante: actos vandálicos y desvíos ilegales continúan atentando contra el ya frágil sistema hidráulico que provee a miles de ciudadanos. Esta realidad no solo agudiza la escasez del recurso, sino que también refleja un fenómeno más profundo y estructural: la incapacidad del Estado para garantizar servicios básicos de manera estable y segura.
Las autoridades provinciales han reconocido que las principales afectaciones se concentran en las cuatro conductoras que abastecen la ciudad de Pinar del Río, así como los municipios de Consolación del Sur y Viñales. Según Engrasio Machín Iglesias, director de Inspección Estatal en la Delegación de Recursos Hidráulicos, los incidentes han sido constantes y, en muchos casos, reiterativos. En Viñales, por ejemplo, se descubrió recientemente que un productor agrícola desviaba el agua destinada al hotel Los Jazmines y a comunidades cercanas, utilizando la red pública para riego privado en plena temporada seca.
El método suele ser rudimentario, pero efectivo: los infractores perforan conductoras subterráneas y emplean zanjas para llevar el agua hasta sus cultivos. En otros casos, rompen las válvulas de ventilación, haciendo que el agua fluya a la superficie. Las señales son visibles: campos verdes e inusualmente fértiles en medio de una sequía extendida.
El fenómeno no es nuevo. Desde noviembre pasado, al menos cuatro puntos del sistema conocido como “Kilo 5”, que abastece al norte de la ciudad, han sido blanco de estas acciones. Julio César Rodríguez Pimentel, delegado provincial de Recursos Hidráulicos, admite que por cada infracción que se resuelve, aparecen nuevas, muchas veces impulsadas por la desesperación, la necesidad o simplemente la falta de consecuencias reales.
A pesar del esfuerzo de los inspectores y la colaboración con otras instituciones, las multas actuales por estas violaciones resultan insuficientes para disuadir a quienes recurren al desvío ilegal. Las sanciones más elevadas, que pueden imponer los cuerpos de Supervisión Integral, no siempre se aplican con la frecuencia ni la contundencia necesarias.
Este tipo de prácticas pone en evidencia una situación límite: la población sufre extensos ciclos de espera para acceder al agua potable, mientras zonas agrícolas se mantienen artificialmente abastecidas a través de conexiones clandestinas. A la par, la infraestructura hidráulica nacional envejece sin el mantenimiento requerido, y las fugas, obstrucciones y rupturas se multiplican sin respuesta efectiva.
Más allá de la condena moral o jurídica a quienes desvían el agua, la verdadera raíz del problema parece estar en un sistema colapsado, donde el acceso a un bien esencial se ha vuelto desigual y, en muchos casos, arbitrario. En barrios pinareños, los vecinos se organizan para almacenar agua en tanques improvisados, mientras otros dependen del irregular servicio de pipas. Las quejas, lejos de disminuir, se acumulan.
En este contexto, el debate no debería centrarse exclusivamente en la ilegalidad de ciertas acciones, sino también en la responsabilidad institucional de garantizar un suministro equitativo, continuo y digno. En una provincia agrícola por excelencia, que además es estratégica para la economía del país, la gestión del agua no puede seguir siendo rehén de la precariedad técnica ni del descontrol administrativo.
El caso de Pinar del Río no es un hecho aislado, sino un síntoma de una crisis nacional más profunda: la del acceso justo a los recursos básicos en un contexto de deterioro progresivo y respuestas oficiales insuficientes. La urgencia ya no es solo reparar los conductos dañados, sino reconstruir la confianza en un sistema que, para muchos cubanos, ya no da señales de vida.
