El Gobierno español ha activado los preparativos para una nueva licitación del convenio de Muface, el sistema de mutualidad que brinda asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus beneficiarios. Esta medida busca garantizar el servicio una vez que el contrato actual expire, tras la retirada de varias aseguradoras de la primera convocatoria.
El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública informó que ya está trabajando en un segundo contrato que cubriría los años 2025, 2026 y 2027. El proceso incluye un informe de evaluación cuyo contenido aún no tiene fecha de publicación. Las aseguradoras DKV Seguros, Asisa y Adeslas, que no participaron en la primera licitación, han señalado que solo considerarán presentarse si se ajustan las primas para cubrir los costos reales del servicio.
Aseguradoras demandan aumentos significativos en las primas
El principal reclamo de las aseguradoras es un incremento en las primas que se ajusten a los tramos de edad de los beneficiarios. DKV, por ejemplo, ha solicitado un incremento del 40,6 %, mientras que las otras compañías han evitado especificar importes concretos. La prima inicial ofrecida, de 1.208 euros por paciente, ha sido considerada insuficiente para mantener el servicio.
Impacto en pacientes y profesionales médicos
La crisis ha repercutido directamente en la atención sanitaria. Clínicas privadas han dejado de atender a pacientes de Muface debido a los bajos reembolsos, lo que ha derivado en retrasos y cancelaciones de citas médicas. Incluso es común que los pacientes reciban la negativa de citas o se les solicite cubrir los costos de sus tratamientos si desean ser atendidos.
Esta problemática también afecta a los médicos autónomos que trabajaban con Muface, muchos de los cuales han abandonado el sistema porque las condiciones económicas no cubren los costos operativos. Esto ha reducido aún más la disponibilidad de servicios médicos para los mutualistas.
Reacciones y protestas
El sindicato CSIF ha anunciado que presentará una denuncia ante el Defensor del Pueblo el próximo 9 de diciembre, acusando a las clínicas y aseguradoras de vulnerar el derecho a la salud de los funcionarios, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o graves. Por su parte, otras organizaciones como CCOO, UGT y ANPE han convocado manifestaciones los días 11 y 14 de diciembre frente a las sedes de Muface y la patronal de aseguradoras, exigiendo soluciones inmediatas.
El sindicato también advirtió sobre posibles paros parciales o totales en la Función Pública si no se resuelve la crisis. En paralelo, el Gobierno busca opciones legales para garantizar que el servicio no se vea interrumpido, incluyendo la posibilidad de modificar los Tratados para facilitar la aprobación de la nueva licitación.
Un sistema en jaque
Creado en 1975, Muface enfrenta ahora una de las mayores crisis de su historia, con el modelo de mutualidad cuestionado por las aseguradoras y los propios beneficiarios. A pesar de las tensiones, el Gobierno y las partes involucradas intentan evitar un colapso total, en un contexto donde la continuidad del sistema depende de ajustes financieros y compromisos políticos claros.
