A pocas horas de las protestas nacionales previstas para este sábado, que también se realizarán en los condados de Miami-Dade y Broward, las autoridades estatales de Florida han lanzado advertencias severas contra cualquier manifestante que recurra a la violencia, generando una oleada de críticas desde organizaciones civiles y activistas.

Durante una conferencia de prensa celebrada en Florida Central, el alguacil del condado Brevard, Wayne Ivey, lanzó una de las declaraciones más duras hasta la fecha:
“Si lanzas un ladrillo, una bomba incendiaria o apuntas con un arma a uno de nuestros agentes, avisaremos a tu familia dónde recoger tus restos… porque te mataremos. Cementerio, muerto. No vamos a jugar”, sentenció Ivey, quien además advirtió que cualquier agresión hacia oficiales será respondida con uso de la fuerza letal si es necesario.

Por su parte, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, recordó que la legislación “antidisturbios” aprobada en 2021 endurece las penas para quienes participen en actos violentos durante protestas públicas. “En Florida, no toleramos disturbios”, afirmó, asegurando que quienes infrinjan la ley cumplirán condenas efectivas.

Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones crecientes tras las recientes redadas migratorias en el estado, que han provocado movilizaciones en defensa de los derechos de la comunidad inmigrante. Diversos grupos han convocado manifestaciones pacíficas para este fin de semana, en rechazo a las políticas estatales sobre inmigración y seguridad.

Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han expresado preocupación por el tono de las advertencias, señalando que podrían tener un efecto intimidatorio sobre manifestantes pacíficos.
Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, respondió:
«Aquí en Florida no ha habido disturbios ni violencia. La gente tiene derecho a protestar pacíficamente sin ser amenazada de esta manera. Estas declaraciones crean una atmósfera de miedo en un país que se define como democrático», afirmó.

Otro activista, en declaraciones desde Tampa, instó a mantener las protestas pacíficas y organizadas, y denunció lo que calificó como un intento de reprimir la participación ciudadana. “Defenderemos juntos los derechos de nuestras comunidades. No nos van a callar”, afirmó.

Las declaraciones del alguacil Ivey incluyeron además una referencia gráfica al uso de perros policiales: “Si nos escupes o golpeas, irás al hospital y a la cárcel, y probablemente te muerda uno de nuestros grandes y hermosos perros”, frase que ha sido duramente criticada por sectores defensores de los derechos civiles.

El fiscal general Uthmeier concluyó señalando que las fuerzas del orden de Florida brindarán protección activa a los agentes federales de inmigración que se sientan amenazados durante las manifestaciones, consolidando así una postura de apoyo institucional a las recientes operaciones de control migratorio en el estado.

El desarrollo de las protestas de este sábado será seguido de cerca tanto por medios nacionales como internacionales, mientras crecen las voces que exigen garantías al derecho constitucional de reunión y libre expresión, pilares fundamentales de toda sociedad democrática.

Fuente: Con información de Telemundo 51

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha comenzado a revocar de forma inmediata el parole humanitario conocido como CHNV, que hasta ahora permitía la entrada temporal y legal de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al país. La medida, que también anula los permisos de trabajo asociados, afectará a más de 500,000 personas según estimaciones oficiales.

Desde este martes, los beneficiarios han comenzado a recibir notificaciones formales de cancelación, lo que implica que quienes permanezcan en territorio estadounidense sin otro estatus legal podrían ser detenidos y deportados sin previo aviso. La decisión marca un cambio radical en la política migratoria reciente, y ha generado alarma en las comunidades migrantes afectadas.

El DHS, por su parte, ha justificado la medida como un retorno a “políticas de sentido común”, argumentando que se busca priorizar la seguridad nacional y frenar lo que califican como abuso de programas humanitarios. En un comunicado, la agencia sostuvo que el parole había sido malinterpretado como un camino garantizado a la residencia, cuando en realidad se trata de una figura temporal y discrecional.

Como parte de esta nueva política, el gobierno está promoviendo la auto-deportación voluntaria a través de la aplicación CBP Home, que permite a los migrantes coordinar su salida del país. Aquellos que accedan a regresar a sus países de origen recibirán asistencia de viaje y un bono de $1,000 dólares, en lo que las autoridades describen como un “incentivo de retorno ordenado”.

La medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, abogados de inmigración y miembros del Congreso, quienes advierten que muchas de las personas afectadas escapan de contextos de persecución, crisis humanitarias y represión, y ahora quedan en riesgo de deportación inmediata sin oportunidad de defender sus casos ante un juez.

También se ha señalado la falta de claridad en los criterios utilizados para las cancelaciones, así como el impacto desproporcionado en comunidades que ya enfrentan barreras lingüísticas, inseguridad económica y desinformación sobre sus derechos migratorios.

Mientras tanto, miles de familias —muchas de ellas ya establecidas en EE.UU. y con hijos nacidos en el país— ven con incertidumbre su futuro, ante una medida que cierra abruptamente una de las principales vías legales que había permitido a cientos de miles de personas escapar de situaciones extremas.

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Las tensiones en Estados Unidos han alcanzado un nuevo punto crítico tras cinco días consecutivos de protestas en Los Ángeles contra las redadas migratorias del ICE y el reciente despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump. La situación en el centro de la ciudad, particularmente en el Distrito de las Artes y Little Tokyo, se ha tornado volátil, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden que han requerido el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.

Según reporta CNN, las autoridades han activado a 700 marines y Trump ha ordenado movilizar a otros 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, duplicando su despliegue inicial. Esta decisión ha sido duramente criticada por el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quienes calificaron el uso de tropas como una muestra de autoritarismo federal. “Nuestra ciudad está siendo utilizada como experimento político”, denunció Bass.

En paralelo, el estado de California ha demandado al Gobierno federal, citando violaciones a la Décima Enmienday a la histórica Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de fuerzas militares para tareas policiales dentro del país, salvo autorización explícita del Congreso.

Mientras tanto, las calles de Los Ángeles muestran los efectos de la confrontación: edificios públicos con grafitis, vidrios rotos y arrestos masivos. Sin embargo, los reportes indican que los actos violentos se han concentrado en zonas específicas del centro, mientras que gran parte de la ciudad continúa operando con relativa normalidad.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comparecerá esta semana ante el Congreso, donde se le interrogará no solo por su papel en el uso interno de las Fuerzas Armadas, sino también por su implicación en el polémico caso conocido como “Signalgate”. Su reciente publicación en redes sociales anunciando movilizaciones inmediatas ha generado desconcierto incluso dentro del Pentágono.

Las manifestaciones no se limitan a California. Se han registrado protestas similares en ciudades como Nueva York, Atlanta, San Francisco, Dallas y Louisville, lo que indica un creciente rechazo a las políticas migratorias del actual Gobierno.

Mientras el país observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, las fuerzas del orden intentan diferenciar entre manifestantes pacíficos y los llamados “alborotadores profesionales”, señalados por buscar deliberadamente el caos. No obstante, organizaciones civiles insisten en que el uso desproporcionado de la fuerza pone en peligro el ejercicio del derecho a la protesta.

La polarización política y social que envuelve estas protestas abre un nuevo capítulo en la disputa por el control migratorio y el respeto a las libertades constitucionales en Estados Unidos.

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Más de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplegados en California por orden del presidente Donald Trump, en respuesta a una nueva jornada de protestas contra ICE y sus redadas de migrantes. El despliegue se concentró especialmente en el área de Los Ángeles, tras incidentes registrados en Compton y San Bernardino.

El gobernador Gavin Newsom denunció la medida como una “provocación injustificada” y acusó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de actuar de forma irresponsable al sugerir incluso el uso de marines si persisten los disturbios. A su vez, la alcaldesa Karen Bass calificó la acción como una “invasión de competencias estatales”.

El asesor de seguridad fronteriza, Tom Homan, advirtió que los funcionarios que interfieran “podrían ser detenidos”, señalando que impedir los operativos federales puede constituir un delito.

El fiscal federal Bill Essayli confirmó al menos una decena de arrestos por supuestamente obstruir a los agentes migratorios, y advirtió que “seguirán deteniendo a quienes interfieran con la ley federal”.

Amnistía Internacional calificó el despliegue como “alarmante”, denunciando la militarización de la respuesta ante protestas legítimas. “La libertad de expresión no debe responderse con tropas”, señaló su director ejecutivo, Paul O’Brien.

Las manifestaciones, iniciadas en California, se han extendido a otros estados como Nueva York, Illinois y Florida, mientras organizaciones civiles alertan sobre detenciones arbitrarias y perfiles raciales en los operativos.

El clima político se tensa, mientras Washington estudia nuevas medidas y la sociedad civil exige respeto a los derechos constitucionales.

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