La intensificación de las redadas migratorias en el sur de California ha generado un clima creciente de tensión social y protestas en varias ciudades del estado, particularmente en el área de Los Ángeles, donde comunidades inmigrantes, líderes religiosos y defensores de los derechos civiles han salido a las calles para rechazar lo que consideran acciones desproporcionadas por parte de las autoridades federales.
Según reportó CNN, los operativos, ejecutados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)en coordinación con la Guardia Nacional y otras fuerzas federales, se han llevado a cabo en granjas, obras de construcción, hoteles y espacios públicos. Uno de los enfrentamientos más notorios ocurrió el jueves en una plantación legal de marihuana en el condado de Ventura, donde decenas de manifestantes se enfrentaron a agentes fuertemente armados que utilizaban gas para dispersar a la multitud.
Durante esa intervención, al menos una persona sufrió quemaduras oculares por posible exposición a gas lacrimógeno, mientras el Departamento de Bomberos del condado respondió a múltiples llamadas por problemas respiratorios. La CBP informó también que un individuo “aparentemente disparó contra los agentes”, y el FBI ha ofrecido una recompensa de US$ 50.000 por información que conduzca a una condena.
En paralelo, el Parque MacArthur de Los Ángeles fue escenario de otro polémico despliegue, donde más de 90 efectivos federales, algunos a caballo y con equipo táctico, ocuparon el área provocando el retiro temporal de niños de un campamento de verano. La alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, calificó el despliegue como “indignante y antiestadounidense”, y firmó una directiva ejecutiva para proteger a las comunidades inmigrantes. “No había protestas ni disturbios que justificaran ese nivel de presencia armada”, expresó, según citó CNN.
El contexto legal también se ha tensado. Una jueza federal, Maame Ewusi-Mensah Frimpong, evalúa una demanda interpuesta por la ACLU del Sur de California, en representación de cinco personas y organizaciones comunitarias. La querella sostiene que las redadas están siendo motivadas por cuotas de arrestos y criterios discriminatorios, sin evidencia de sospechas razonables, violando así los derechos constitucionales de los detenidos.
Durante la audiencia del jueves, la jueza –designada por el expresidente Joe Biden– pidió al gobierno que presentara pruebas concretas de que las detenciones se basan en información de inteligencia y no en perfiles raciales o zonas habitadas por migrantes. “Es difícil para el tribunal creer que no se pueda encontrar un solo caso con un informe de por qué alguien era el objetivo”, señaló la magistrada, según recoge CNN.
Mientras se espera una decisión judicial sobre posibles órdenes de restricción de emergencia, las manifestaciones continúan, y distintos sectores de la sociedad estadounidense piden una revisión urgente de los métodos y fundamentos de estas operaciones migratorias.
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