El Tribunal Provincial Popular de Matanzas dictó sentencia contra dos exfuncionarias de la Dirección Municipal de Vivienda en Cárdenas, halladas responsables de un esquema de malversación de fondos públicos que derivó en la pérdida de más de 530 mil pesos del presupuesto estatal, destinados originalmente a la rehabilitación de un inmueble multifamiliar en grave estado estructural.
En el juicio —celebrado el 7 de agosto con carácter oral y público— se procesó a quien fungiera como directora de la institución y a su ex inversionista, ambas acusadas de haber aprobado y certificado obras que nunca se ejecutaron, a pesar de haberse emitido y pagado una factura por valor de 531.486,19 pesos.
Según los elementos presentados por la Fiscalía y validados en sala, la entonces directora firmó un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia (TCP), omitiendo pasos esenciales como la licitación, la intervención del Comité de Contratación y la definición del objeto de obra. El acuerdo tampoco incluía los términos técnicos mínimos exigidos: cronograma, responsables, condiciones de garantía o suministro de materiales.
La obra adjudicada fue el refuerzo estructural de un edificio ubicado en el reparto 13 de Marzo, conocido como \»el edificio del Transporte\», que presenta daños severos y, al día de hoy, permanece en el mismo estado de deterioro, según confirmaron las investigaciones.
La ex inversionista, por su parte, certificó como realizados los trabajos de rehabilitación sin inspeccionarlos ni exigir documentación técnica alguna, contribuyendo así a validar el pago fraudulento. El tribunal concluyó que ninguna acción constructiva fue ejecutada, pero que ambas procesadas avalaron el desembolso como si las obras hubiesen sido realizadas satisfactoriamente.
Como resultado, el tribunal impuso cinco años de privación de libertad para la ex directora, considerada autora principal del delito de malversación, y cuatro años —conmutables por trabajo correccional sin internamiento— para la ex inversionista, en calidad de partícipe. Además, se les prohibió ejercer funciones que impliquen manejo de bienes o recursos del Estado.
Aunque los familiares de las acusadas devolvieron el monto defraudado, evitando afectaciones permanentes al patrimonio institucional, el proceso pone en evidencia fallas graves en los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro del sistema de contratación pública, especialmente en un sector tan crítico como el de la vivienda.
El tribunal calificó los hechos como de “indiscutible lesividad social”, y justificó la severidad de las sanciones en el contexto de escasez de recursos y deterioro del fondo habitacional, que continúa afectando a miles de familias en el país.
Las partes involucradas podrán apelar la sentencia mediante recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular, una vez recibida la notificación escrita, prevista para el 4 de septiembre.
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