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Siguen saliendo denuncias sobre presunta corrupción en Cubacar tras polémica por estafa a turista en La Habana

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Nuevas denuncias sobre presuntos casos de corrupción, irregularidades administrativas y prácticas fraudulentas en las empresas Cubacar y Transtur, vinculadas al conglomerado empresarial GAESA, han comenzado a circular en redes sociales y espacios informativos independientes, reavivando el debate sobre la transparencia en el sector turístico estatal cubano. La información fue difundida inicialmente por la plataforma Cuba Primero, y surge además en un contexto marcado por recientes denuncias públicas relacionadas con una presunta estafa a un turista en La Habana que generó polémica y cuestionamientos sobre la gestión de estas entidades.

Según las acusaciones difundidas por extrabajadores, clientes y fuentes internas citadas por ese movimiento, existiría una red de irregularidades que incluiría robo de piezas automotrices, venta ilegal de neumáticos, manipulación de bajas técnicas de vehículos, alquileres no registrados y posibles fraudes a visitantes extranjeros. Estos señalamientos, aunque ampliamente comentados en espacios digitales, no han sido confirmados oficialmente por las autoridades.

Entre los nombres mencionados aparece un ex directivo identificado como Carrazana, vinculado anteriormente a talleres de Cubacar, quien —según testimonios difundidos— habría mantenido vínculos con estructuras administrativas del sector turístico estatal. No obstante, hasta el momento no existe pronunciamiento oficial ni confirmación institucional sobre estas acusaciones.

Asimismo, las denuncias aluden a reclamaciones relacionadas con irregularidades en alquileres de vehículos en el entorno del Aeropuerto Internacional José Martí, donde turistas habrían reportado cobros indebidos y problemas con el estado técnico de los automóviles. Parte de estas quejas habrían sido trasladadas a instancias fiscales, sin que se conozcan públicamente resultados concluyentes.

Analistas consideran que la persistencia de este tipo de denuncias, en un contexto de crisis económica, energética y contracción del turismo, puede afectar la imagen internacional del sector turístico cubano, uno de los principales generadores de divisas para la economía nacional. También advierten que la falta de información pública y de procesos transparentes dificulta evaluar la magnitud real de estas situaciones.

Hasta el momento, ni Cubacar, ni Transtur, ni autoridades estatales han emitido declaraciones oficiales sobre estas nuevas acusaciones. El tema continúa generando debate en redes sociales y espacios informativos, mientras aumentan los llamados a mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión empresarial estatal.

Fuente: Cuba Primero

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Escala conflicto por denuncia contra Cubacar y caso deriva en acciones legales internacionales

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La controversia surgida tras la denuncia de un cliente contra la empresa estatal Cubacar continúa escalando y ha adquirido dimensión internacional, luego de que el afectado emprendiera acciones legales fuera de Cuba y gestionara solicitudes de sanciones ante autoridades estadounidenses. El caso, conocido públicamente desde meses atrás, sigue generando inquietud entre viajeros y observadores del sector turístico.

Según la denuncia, el incidente ocurrió en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde el cliente acusó a la funcionaria Arais Alonso, vinculada a Cubacar, de intentar cobrar 1.200 dólares por daños que —según sostiene— ya existían en un vehículo rentado. Desde la publicación inicial, otros usuarios han relatado experiencias similares en redes sociales, lo que refuerza la percepción de posibles irregularidades en determinados servicios turísticos.

El afectado asegura además haber sido informado de la existencia de una denuncia en su contra en Cuba por presuntas injurias y perjurio tras hacer pública su reclamación. A su juicio, recurrir a este tipo de acusaciones contra quien denuncia un presunto abuso constituye una burla y un intento de desacreditar la queja, lo que, según especialistas del sector, puede afectar la confianza de los viajeros en los mecanismos institucionales de reclamación.

Como respuesta, el cliente decidió iniciar acciones legales internacionales. Según documentación a la que CubaHeraldtuvo acceso, se presentó una demanda civil ante el Distrito de Columbia, en Estados Unidos, vinculada a los hechos denunciados. Asimismo, el propio afectado indicó que en los próximos días prevé presentar otra demanda ante un tribunal en Madrid, con el objetivo de ampliar las vías legales disponibles para esclarecer responsabilidades.

De forma paralela, también se presentó una solicitud ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos invocando disposiciones del Cuban Assets Control Regulations (31 CFR 515.209), para evaluar posibles sanciones o medidas financieras contra los presuntos implicados.

La polémica ha estado acompañada además por cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro de Cubacar, debido a vínculos familiares señalados entre la funcionaria denunciada y directivos de la entidad en La Habana. Hasta ahora, la ausencia de explicaciones públicas o medidas visibles ha mantenido activo el debate sobre transparencia y protección al consumidor en el sector turístico.

Analistas consideran que situaciones de este tipo pueden impactar la percepción internacional sobre la seguridad jurídica y la confianza en los servicios turísticos cubanos, un elemento clave en un momento complejo para la industria del país. La evolución de los procesos judiciales y la respuesta institucional serán determinantes para el alcance final de este caso.

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Turistas denuncian irregularidades en renta de autos en el Aeropuerto de La Habana

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La experiencia de Jean y su esposa, recién llegados a Cuba desde Francia, ha puesto nuevamente sobre la mesa las denuncias por irregularidades en el servicio de renta de autos en el Aeropuerto Internacional José Martí.

Según relató Jean a Reporte Cuba Ya en Facebook, la pareja había reservado con antelación un vehículo económico para recorrer la isla. Sin embargo, al llegar en el vuelo AF962 de Air France el pasado sábado por la noche, la oficina de renta no tenía disponible el carro reservado y tampoco ofreció explicaciones claras.

“Esperamos más de una hora y media viendo cómo otros pasajeros, que llevaban ‘regalos’ para los empleados, se iban rápidamente con sus autos asignados”, contó Jean. Finalmente, les entregaron un vehículo de mayor categoría —más caro, sucio y con el tanque de combustible a tres cuartos—, obligándolos además a pagar la diferencia.

Para Jean, cubano-francés, lo más lamentable fue la impresión que se llevó su esposa en su primera visita a la isla: “Parecía una escena de corrupción de película barata, pero era real”.

De acuerdo con Reporte Cuba Ya, este no sería un hecho aislado. Varios viajeros han reportado que prácticas similares ocurren con frecuencia en el aeropuerto, incluyendo:

  • Reservas que no se respetan.
  • Cobros adicionales no justificados.
  • Entrega preferencial de vehículos a cambio de “regalos”.
  • Trato discriminatorio a quienes no aceptan estas condiciones.

Mientras las autoridades insisten en campañas para reactivar el turismo, estos incidentes deterioran la imagen del país y desalientan a los visitantes que esperan un servicio acorde con lo que contrataron.

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Denuncian presunta red de corrupción en sucursal de Cubacar en Varadero

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VARADERO — Una reciente denuncia publicada por el medio digital La Tijera ha sacado a la luz serias acusaciones de corrupción, favoritismo y manejo indebido de recursos en la sucursal de la empresa estatal Cubacar, ubicada en el polo turístico de Varadero. El reporte señala a varios funcionarios, encabezados por el director José Ramón Pérez Salazar, como responsables de una estructura interna que, presuntamente, opera al margen de los controles administrativos y legales establecidos.

De acuerdo con el medio, Pérez Salazar, quien ocupa el cargo de director desde hace más de tres años, contaría con respaldo familiar y político que le ha permitido sostenerse en el puesto a pesar de múltiples señalamientos. Entre ellos, se incluye el presunto uso personal de vehículos de renta, la adquisición de bienes sin justificación patrimonial clara, y el nombramiento de colaboradores cercanos en posiciones estratégicas. La publicación también alude a conexiones familiares con figuras de alto perfil, lo cual habría contribuido a evitar consecuencias ante anteriores investigaciones.

Los trabajadores mencionados en la denuncia formarían parte de una red que, según el informe, se beneficia de privilegios internos, incluyendo el uso de recursos de la empresa para fines particulares. Entre las prácticas descritas se encuentran el desvío de combustible, la venta irregular de piezas de repuesto y la manipulación de inventarios. La situación ha generado preocupación entre empleados que, según se afirma, han sido apartados o sancionados al oponerse a estas prácticas.

Uno de los casos señalados con mayor detalle es el de Dunia García, subdirectora técnica, quien habría sido implicada en un proceso de auditoría por la desaparición de componentes de vehículos bajo su custodia. Aunque la fiscalía local habría iniciado una investigación, esta no habría prosperado, presuntamente por la intervención directa del director de la sucursal.

La Tijera también menciona otros nombres como Walmer Villanueva, Genaro, Rolando «Papo», José Jorge y Katia Otero, todos ellos descritos como beneficiarios de un sistema de impunidad interna. Se señala, por ejemplo, que algunos empleados conducen vehículos de alquiler de forma ilegal, manipulan asignaciones de piezas y utilizan su acceso a recursos logísticos para fines personales o comerciales.

El reportaje recuerda un caso similar documentado por nuestro medio en La Habana, donde la funcionaria Aráis Alonso fue denunciada por intentar cobrar de forma indebida 1.200 dólares a un turista extranjero, hecho desató una ola de críticas en redes sociales.

El caso se suma a una serie de denuncias ciudadanas sobre comportamientos impropios en instituciones estatales, lo que pone de relieve la necesidad de mecanismos más eficaces de control, fiscalización y rendición de cuentas. En tanto, la opinión pública continúa atenta al desarrollo de los acontecimientos en la sucursal de Cubacar en Varadero.

¿Negocio familiar en Cubacar? Nuevas revelaciones sobre el caso de presunto intento de extorsión a turista en La Habana

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CubaHerald ha recibido nueva información relevante sobre el escandaloso caso ocurrido en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde la funcionaria Arais Alonso, empleada de Cubacar, fue denunciada por un cliente tras intentar cobrarle 1,200 dólares por daños menores que ya estaban registrados desde el inicio del contrato de renta. A raíz de esta denuncia, publicada originalmente por este medio el pasado 23 de abril, surgen ahora nuevos elementos que aumentan la preocupación sobre posibles prácticas irregulares dentro de esta entidad estatal.

Según pudo confirmar CubaHerald a través de fuentes vinculadas al sistema empresarial del turismo, Arais Alonso no sería una simple empleada más. Alonso es cuñada del actual director de Cubacar en La Habana, el señor Yordanys Carrazana, y su esposo también trabajaría en dicha entidad. Esta revelación abre interrogantes sobre un posible conflicto de intereses y si estas relaciones familiares podrían estar interfiriendo con la transparencia en los procesos internos de la empresa.

Hasta la fecha, ni la señora Alonso ni su jefe directo, el señor Carrazana, han ofrecido declaraciones públicas sobre el incidente. Asimismo, este medio intentó establecer comunicación oficial con la subdirectora de Cubacar, Duharemis Estrada, para conocer si se aplicará alguna medida disciplinaria o si se investiga a fondo el comportamiento de la funcionaria implicada. Sin embargo, no se ha recibido respuesta alguna de su parte.

Por su parte, el cliente afectado comunicó a CubaHerald que fue contactado por el señor Ariel Estévez, jefe del Departamento de Atención a la Población en el Mintur, mediante un correo electrónico, en los cuales se le informó que se estaba llevando a cabo una investigación sobre lo sucedido. No obstante, hasta el momento no se han revelado detalles sobre los avances del proceso ni se ha confirmado la aplicación de medida alguna contra la funcionaria implicada.

Además, a raíz de la publicación original realizada por este medio el pasado 23 de abril, otras personas han comenzado a reportar experiencias similares vividas con Arais Alonso en su rol de atención al cliente, denunciando comportamientos intimidatorios, intentos de cobros injustificados y una actitud hostil al momento de la devolución de los vehículos. Estos nuevos testimonios refuerzan la hipótesis de que no se trata de un hecho aislado, sino posiblemente de un patrón de conducta sistemático que exige una revisión urgente por parte de las autoridades competentes.

Ante este contexto, CubaHerald se pregunta: ¿estamos frente a un caso aislado de mala praxis o existe una estructura de poder informal que permite este tipo de abusos bajo el amparo de relaciones personales dentro de la institución? ¿Es Cubacar La Habana un negocio familiar donde los vínculos consanguíneos otorgan impunidad?

Resulta alarmante que, tras varios días de que el caso saliera a la luz, aún no se haya producido un pronunciamiento institucional, lo cual solo refuerza la percepción de opacidad y falta de voluntad para corregir prácticas que ponen en riesgo la imagen del sector turístico nacional.

En un país donde el turismo representa uno de los principales motores económicos, garantizar la protección de los derechos del consumidor, sea nacional o extranjero, debería ser prioridad máxima. Casos como este no solo dañan la reputación de una empresa en particular, sino que erosionan la confianza general en el sistema de servicios turísticos cubanos.

CubaHerald continuará investigando y actualizando sobre este caso, en defensa de la transparencia, el respeto al cliente y la ética en la administración pública.

Nota editorial:

Este artículo ha sido elaborado por CubaHerald News y se ofrece libre de derechos de autor para su reproducción total o parcial en otros medios de comunicación.