MIAMI.— Una audiencia federal considerada clave para el futuro migratorio de cientos de cubanos que recibieron el formulario I-220A fue reprogramada para el próximo 2 de septiembre en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami.
La vista estaba prevista inicialmente para el 26 de agosto, pero una orden de la jueza federal Jacqueline Becerra trasladó los argumentos orales para el miércoles 2 de septiembre de 2026, a las 4:00 p.m., según consta en el expediente judicial del caso.
Uno de los principales litigios involucrados es Bello-Rubio et al. v. Noem et al., expediente 1:25-cv-23665-JB, presentado en representación de 992 ciudadanos cubanos que fueron liberados en Estados Unidos con documentos I-220A después de ingresar por la frontera con México.
El centro de la disputa es la autoridad migratoria utilizada para liberar a esos cubanos. Los demandantes sostienen que las circunstancias de su procesamiento y posterior liberación deberían haber sido tratadas jurídicamente como un “parole” migratorio, una diferencia de enorme importancia porque el parole puede permitir, cuando se cumplen los restantes requisitos legales, solicitar la residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano.
El Gobierno federal rechaza esa interpretación y ha solicitado la desestimación de la demanda. Entre sus argumentos sostiene que una liberación mediante I-220A no equivale automáticamente a un parole concedido bajo la sección 212(d)(5) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y también cuestiona la jurisdicción del tribunal para conceder algunos de los remedios solicitados por los demandantes.
La audiencia del 2 de septiembre, por tanto, no significa que ese día los 992 cubanos recibirán automáticamente parole o residencia permanente. La jueza deberá escuchar los argumentos relacionados con las mociones pendientes, incluida la petición gubernamental para que el litigio sea desestimado.
El abogado Mark Prada, integrante del equipo relacionado con estos litigios, explicó además que la audiencia abarcaría asuntos correspondientes a tres procesos judiciales vinculados a la situación de personas con I-220A, y no exclusivamente a Bello-Rubio. Entre las cuestiones planteadas por el Gobierno figura precisamente si el tribunal federal tiene jurisdicción para ordenar las soluciones reclamadas.
Otro punto de enorme relevancia es el intento de los demandantes de ampliar el alcance del litigio mediante una acción colectiva. Sin embargo, hasta ahora no debe interpretarse que todos los cubanos con I-220A formen automáticamente parte del caso: la certificación de una clase requiere una decisión judicial y continúa siendo una cuestión procesal dentro del litigio.
Una eventual decisión favorable que consiguiera proyectarse sobre un grupo más amplio tendría consecuencias mucho mayores que las de los 992 demandantes originales, debido a la gran cantidad de cubanos que permanecen en Estados Unidos con I-220A y cuya posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano ha generado años de litigios y decisiones administrativas.
Por ahora, el escenario permanece abierto. La cita clave será el 2 de septiembre en Miami, cuando el tribunal escuchará los argumentos de las partes antes de determinar el futuro procesal de estas demandas. Cualquier eventual beneficio migratorio dependerá del contenido de las decisiones posteriores de la jueza y no de la celebración de la audiencia por sí sola.
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