HOLGUÍN, Cuba — El reciente operativo policial en la controvertida Calle 13 de Holguín, que culminó con la detención de dos personas acusadas de tráfico ilegal de medicamentos controlados, ha dejado expuesta una realidad incómoda para las autoridades cubanas: la expansión del mercado negro en el país y la aparente incapacidad oficial para frenarlo oportunamente.
Este operativo, ejecutado el pasado 25 de marzo por fuerzas del Ministerio del Interior junto a inspectores gubernamentales, forma parte del llamado Segundo Ejercicio Nacional contra la corrupción, las ilegalidades y la indisciplina social, impulsado desde la presidencia por Miguel Díaz-Canel, quien lo calificó como «de extraordinaria importancia». Sin embargo, diversos analistas y sectores ciudadanos cuestionan que estas acciones puntuales son tardías, reactivas y poco efectivas frente a la magnitud del problema.
La Calle 13 es conocida desde hace años como uno de los epicentros del comercio informal en Holguín, donde se venden desde alimentos básicos hasta medicamentos y productos que difícilmente aparecen en las tiendas estatales, generando ganancias a partir de la especulación y las carencias extremas que padece la población. La existencia de estos mercados paralelos es consecuencia directa del desabastecimiento estructural en la red estatal y de la ausencia de una política económica eficaz que permita satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos sin recurrir a la ilegalidad.
Mientras las autoridades enfatizan la importancia de estos operativos ejemplarizantes, la realidad cotidiana refleja una paradoja preocupante: el mercado negro no solo continúa creciendo, sino que se ha convertido en la principal alternativa de supervivencia para miles de familias cubanas. Esto evidencia una permisividad implícita, ya que las acciones gubernamentales suelen ser esporádicas y selectivas, en lugar de ofrecer soluciones concretas y sostenibles.
Expertos independientes advierten que la crisis económica cubana exige mucho más que respuestas policiales aisladas. Se requiere una reforma integral que permita legalizar y regularizar el comercio privado de forma transparente y efectiva, eliminando las condiciones que favorecen la corrupción y el delito. Mantener un enfoque únicamente represivo, dicen, podría agravar aún más la situación social del país, impulsando mayores niveles de clandestinidad e ilegalidad.
En redes sociales, ciudadanos cubanos cuestionan abiertamente por qué las autoridades permitieron que un fenómeno como el de la Calle 13 alcanzara semejante escala antes de intervenir. Algunos incluso sospechan que ciertas instancias gubernamentales se han beneficiado indirectamente de esta informalidad económica, lo que alimenta aún más la indignación pública.
Mientras tanto, la solución real y duradera al problema sigue pendiente, y el operativo en Holguín se percibe cada vez más como un síntoma evidente del fracaso en abordar eficazmente un fenómeno que ya afecta profundamente la estabilidad social y económica de Cuba.
