Levantada en tan solo ocho días durante junio de 2025, esta instalación, oficialmente llamada Centro de Contención de Inmigrantes del Sur, fue construida en el aeropuerto Dade-Collier, una zona remota y pantanosa al sur de Florida, rodeada por caimanes, serpientes y un entorno natural extremadamente hostil. Las primeras personas detenidas ya están siendo trasladadas al lugar, que ha sido apodado por la opinión pública como “Alligator Alcatraz”, en referencia a la célebre prisión estadounidense, por su aislamiento, condiciones extremas y sistema de seguridad reforzado.
Con una capacidad inicial para 3,000 detenidos y planes de expansión hasta 5,000 en el mes de julio, la instalación funciona bajo estrictas medidas de vigilancia. Está cercada por más de 8 kilómetros de alambre de púas, equipada con 200 cámaras de monitoreo y vigilada por 400 agentes. Los inmigrantes son alojados en tiendas de campaña y remolques metálicos, sin acceso a servicios urbanos ni comunicación regular con el exterior. La elección de esta ubicación no es casual: el entorno natural actúa como una barrera física que dificulta cualquier intento de fuga, reforzando la idea de una prisión más que de un centro de detención temporal.
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han reaccionado con preocupación ante esta nueva instalación. Colectivos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras entidades jurídicas han denunciado que las condiciones del lugar podrían constituir una violación del debido proceso legal, y han advertido sobre el riesgo de tratos crueles e inhumanos. Activistas migratorios señalan que el aislamiento geográfico impide el acceso adecuado a asistencia legal, obstaculiza la labor de los defensores de derechos civiles y limita el escrutinio público.
La comunidad internacional también ha comenzado a pronunciarse, al considerar que esta medida es parte de una política migratoria basada en el castigo y la intimidación, en lugar de en los principios del derecho internacional humanitario. Sin embargo, desde la administración del presidente Donald Trump, se ha defendido la iniciativa como una solución “eficaz y disuasoria” ante lo que consideran una “crisis migratoria sin precedentes”.
Entre los sectores que han mostrado una reacción ambivalente destaca la comunidad cubana en Florida, tradicionalmente cercana al Partido Republicano. Si bien muchos respaldan políticas más estrictas de control fronterizo, no pocos han expresado su rechazo a la instalación de una prisión en condiciones extremas que recuerda, para muchos, los sacrificios y riesgos que ellos mismos o sus familiares enfrentaron al huir de regímenes autoritarios. “Hoy son otros los encerrados, mañana podríamos ser nosotros. Lo que está pasando es inaceptable”, escribió un usuario cubanoamericano en redes sociales.
También han surgido voces críticas por el impacto ecológico que supone levantar una estructura de este tipo en un ecosistema tan delicado como los Everglades. La zona alberga especies en peligro de extinción y sufre desde hace años los efectos de la actividad humana. Ambientalistas denuncian que esta obra no solo fue aprobada sin evaluación de impacto ambiental, sino que sienta un precedente alarmante para la ocupación estatal de zonas protegidas.
Mientras tanto, el traslado de nuevos detenidos continúa y las imágenes que comienzan a circular en redes muestran largas filas de inmigrantes esposados, caminando bajo el sol, rodeados de barro, insectos y vegetación cerrada. La instalación, lejos de ser una solución humanitaria o una medida temporal, parece consolidarse como un símbolo de la actual política migratoria estadounidense: control, aislamiento y castigo como respuesta a la movilidad humana.
La “Alligator Alcatraz” ya es una realidad, y con ella, crece la división política y social en torno a los límites que puede —o no— traspasar un país cuando se trata de inmigración, derechos humanos y poder estatal.
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