MIAMI — El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en coordinación con el Departamento de Justicia, presentó esta semana una demanda civil de desnaturalización contra el exalcalde de la ciudad de North Miami, Philippe Bien-Aime, acusado de haber obtenido la ciudadanía estadounidense mediante fraude documental y matrimonial.
La acción legal fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida y busca revocar la naturalización concedida en 2006, tras una investigación que, según autoridades federales, identificó irregularidades significativas en su proceso migratorio.
De acuerdo con la denuncia, Bien-Aime —originario de Haití y también identificado como Jean Philippe Janvier— habría utilizado dos identidades distintas para obtener beneficios migratorios tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Las autoridades señalan que la comparación de huellas dactilares en el marco del programa federal Historic Fingerprint Enrollment permitió confirmar la doble identidad.
Según el expediente judicial, el exfuncionario habría entrado inicialmente al país utilizando un pasaporte alterado bajo la identidad Janvier. Posteriormente, en 2001, se emitió una orden de deportación en su contra. Aunque apeló inicialmente esa decisión, luego retiró el recurso alegando que regresaría a Haití. Sin embargo, la investigación sostiene que permaneció en Estados Unidos y utilizó una nueva identidad para regularizar su situación migratoria.
La demanda afirma además que contrajo matrimonio con una ciudadana estadounidense para obtener residencia permanente, pese a que supuestamente ya estaba casado con una ciudadana haitiana, lo que convertiría ese vínculo en fraudulento y jurídicamente inválido. Las autoridades también sostienen que proporcionó información falsa durante entrevistas migratorias, incluyendo datos sobre antecedentes migratorios, domicilio y situación familiar.
El Departamento de Justicia argumenta que la naturalización fue obtenida ilegalmente por varias razones, entre ellas la existencia de una orden final de deportación vigente, el supuesto fraude matrimonial y declaraciones engañosas durante los procedimientos de ajuste de estatus y naturalización.
El caso fue investigado por USCIS dentro del Departamento de Seguridad Nacional y será litigado por la Unidad de Litigios de Inmigración de la División Civil del Departamento de Justicia, junto con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida.
Las autoridades recordaron que las acusaciones contenidas en la demanda constituyen alegaciones que deben ser probadas en tribunales, por lo que el acusado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva.
Este proceso se inscribe en una política federal más amplia destinada a revisar posibles fraudes migratorios históricos, especialmente en casos donde se sospecha el uso de identidades múltiples o información falsa para obtener beneficios migratorios.
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