Según una comunicación oficial de última hora del Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a funcionarios gubernamentales de México, Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, así como a algunos de sus familiares, por estar vinculados con el programa de exportación de servicios médicos cubanos, calificado por Washington como una forma de trabajo forzado y explotación laboral.
El comunicado, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, señala que los sancionados son responsables de acuerdos bilaterales con el gobierno cubano que promueven el envío de personal médico bajo condiciones que, según denuncias internacionales, incluyen retención de documentos, salarios reducidos, vigilancia y amenazas contra los familiares de los médicos si incumplen su misión.
“Esta política de exportación de mano de obra no solo explota a los trabajadores cubanos, sino que también enriquece a una estructura gubernamental corrupta, mientras priva al pueblo cubano del acceso a servicios de salud esenciales en su propia tierra”, expresó Rubio.
Fuentes cercanas al Departamento de Estado han advertido también a la República Dominicana y a varias naciones del Caribe, entre ellas Santa Lucía, Granada, Jamaica, Surinam y Antigua y Barbuda, donde continúan vigentes convenios médicos con Cuba o se han fortalecido recientemente los lazos comerciales con la isla.
Estas fuentes anticipan que un segundo paquete de sanciones podría anunciarse en los próximos días, incluyendo restricciones adicionales y revisiones a los acuerdos de cooperación médica, comercial o educativa que beneficien de forma directa a lo que EE.UU. considera una red estatal de trabajo forzado disfrazada de ayuda humanitaria.
El gobierno de Joe Biden ya había endurecido su postura sobre las misiones médicas cubanas, pero ahora, bajo el liderazgo del nuevo secretario de Estado, la estrategia se ha centrado en castigar también a los países que actúan como cómplices en estas operaciones.
Mientras tanto, desde organismos de derechos humanos como Freedom House, Human Rights Watch y el ILRC se reitera que los convenios médicos promovidos por La Habana violan estándares básicos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que los gobiernos que los sustentan deberían ser objeto de escrutinio internacional.
Estados Unidos ha llamado a la comunidad internacional a sumarse a estas acciones, señalando que la protección de los derechos humanos y laborales debe estar por encima de cualquier alianza diplomática o beneficio económico inmediato.
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