La comunidad cubana en el exilio en Estados Unidos ha reaccionado con entusiasmo ante el respaldo del Secretario de Estado Marco Rubio a la candidatura de Rosa María Payá para ocupar uno de los tres escaños disponibles en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Rubio, de origen cubano, elogió públicamente a Payá como una «firme defensora de la democracia y los derechos fundamentales», y señaló que su incorporación podría fortalecer la eficacia y credibilidad de la Comisión.
En una declaración compartida en su cuenta oficial de X, el Secretario instó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a votar a favor de la candidata en la elección programada para el próximo 27 de junio de 2025, durante la Asamblea General de la OEA que se celebrará en Antigua y Barbuda.
Trayectoria y perfil de la candidata
Hija del líder opositor Oswaldo Payá, fallecido en 2012 en un hecho aún rodeado de controversia y atribuido por sus allegados al gobierno cubano, Rosa María ha sido una voz persistente en el activismo internacional. Al frente del movimiento Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana, ha desarrollado una trayectoria centrada en la promoción de reformas democráticas y la denuncia de violaciones de derechos humanos en Cuba y otras naciones del hemisferio.
La candidata expresó su agradecimiento en redes sociales: “Me siento profundamente honrada por esta nominación para servir en la CIDH, una institución vital para la protección de los derechos en todo el continente”, escribió.
Opiniones divididas sobre su postulación
A pesar del respaldo entusiasta del exilio cubano y de sectores afines, la candidatura no está exenta de críticas. Algunos analistas y organizaciones de la sociedad civil en América Latina han expresado reservas sobre la idoneidad de una figura tan vinculada a intereses estadounidenses para ocupar un cargo en un organismo que debe preservar su imparcialidad e independencia política.
Desde medios alternativos como Indymedia Argentina, se ha cuestionado su apoyo explícito a sanciones y políticas restrictivas contra el gobierno cubano, lo que podría comprometer su capacidad de actuar con objetividad ante otros contextos regionales. Además, se señala que su experiencia se concentra en unos pocos países —principalmente Cuba, Venezuela y Nicaragua— lo que podría limitar su alcance frente a otras crisis de derechos humanos en el continente.
Los otros candidatos a la CIDH
La elección de la OEA renovará tres de los siete asientos en la CIDH. Rosa María Payá competirá con otros seis candidatos propuestos por distintos Estados miembros:
- María Clara Galvis Patiño (Colombia): Abogada con experiencia previa en la CIDH.
- José Luis Caballero Ochoa (México): Especialista en derecho internacional y derechos humanos.
- Reina A. Rivera Joya (Honduras): Defensora de derechos con enfoque en género y comunidades vulnerables.
- Marion Bethel (Bahamas): Activista por los derechos de las mujeres y la justicia social.
- Fabio de Sá e Silva (Brasil): Investigador en derecho y políticas públicas.
- Carlos Bernal Pulido (Perú): Jurista con formación en derecho constitucional.
Cada candidato requiere el respaldo de al menos 18 de los 34 Estados miembros para resultar electo, lo que anticipa una votación competitiva y políticamente delicada.
Expectativas y debate internacional
La postulación de Payá ha generado expectativas entre activistas y organizaciones del exilio cubano, quienes ven en su posible elección una oportunidad para dar visibilidad internacional a la situación de derechos humanos en la isla. Voces como la del opositor José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, han respaldado abiertamente su candidatura.
Por otro lado, gobiernos y actores de la sociedad civil de otros países han advertido sobre el riesgo de que la CIDH se vea politizada o instrumentalizada en el contexto de tensiones geopolíticas y agendas bilaterales.
La elección del 27 de junio será, sin duda, un momento clave no solo para la CIDH, sino también para la OEA, en un periodo en el que el sistema interamericano enfrenta desafíos crecientes en materia de legitimidad, equilibrio y capacidad de respuesta.
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