El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prorrogó por un año más las facultades de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading With the Enemy Act, TWEA) aplicadas a Cuba, una decisión que mantiene vigente uno de los principales pilares jurídicos utilizados por Washington para sostener las sanciones económicas contra el Gobierno cubano.
Trump firmó el 20 de agosto de 2026 la Determinación Presidencial 2026-21, mediante la cual extendió esas facultades hasta el 14 de septiembre de 2027. El mandatario argumentó que mantenerlas durante otro año responde al “interés nacional de Estados Unidos”.
La decisión permite que continúen en vigor las autoridades implementadas mediante el Reglamento para el Control de Activos Cubanos (Cuban Assets Control Regulations), contenido en el 31 C.F.R. Parte 515. La medida no supone por sí sola la creación de nuevas restricciones, sino la renovación del marco jurídico que permite mantener y hacer cumplir buena parte de las prohibiciones económicas y financieras existentes.
La Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada originalmente en Estados Unidos en 1917, concede amplias facultades presidenciales para restringir determinadas operaciones económicas. Cuba es actualmente el país respecto al cual Washington continúa renovando anualmente estas autoridades bajo ese mecanismo.
El embargo estadounidense contra Cuba, sin embargo, no depende exclusivamente de esta legislación. A lo largo de las décadas se añadieron otras normas, entre ellas la Ley para la Democracia Cubana de 1992, conocida como Ley Torricelli, y la Ley Helms-Burton de 1996, que codificaron y ampliaron numerosas sanciones y redujeron significativamente la capacidad de un presidente estadounidense para eliminar unilateralmente todo el entramado del embargo.
La reacción del Gobierno cubano fue inmediata. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó públicamente la decisión y calificó la política estadounidense de “genocida”, una caracterización utilizada durante años por La Habana para referirse a las sanciones de Washington.
Rodríguez sostuvo además que la renovación hasta septiembre de 2027 “no es un acto administrativo menor” y afirmó que demuestra que Washington continúa con su propósito de “asfixiar a una nación entera”. También aseguró que la medida llega durante lo que describió como uno de los momentos de mayor presión estadounidense contra Cuba en años recientes.
Washington, por su parte, sostiene una interpretación radicalmente diferente. La Administración Trump ha defendido el endurecimiento de las sanciones como una herramienta de presión sobre las autoridades cubanas y ha vinculado su política a exigencias de reformas políticas, respeto a los derechos humanos, libertades económicas y cambios en la conducta internacional del Gobierno de La Habana. En enero de 2026, Trump incluso declaró una emergencia nacional relacionada con determinadas actuaciones del Gobierno cubano y abrió la puerta a medidas comerciales adicionales contra países que suministraran petróleo a la isla.
La nueva prórroga confirma así que, al menos hasta septiembre de 2027, la Casa Blanca no contempla una flexibilización de este componente histórico de las sanciones contra Cuba. Por el contrario, llega en un momento de particular tensión entre ambos gobiernos y en medio de una estrategia de mayor presión económica y financiera de Washington sobre La Habana.
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