En una medida sin precedentes que ha encendido alarmas en el ámbito académico, el presidente Donald Trumpanunció este jueves la revocación de la autorización federal que permite a la Universidad de Harvard inscribir a estudiantes extranjeros, alegando que la institución “fomenta la violencia, el antisemitismo y mantiene vínculos con intereses extranjeros hostiles”.
La decisión fue comunicada mediante una carta oficial enviada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la que se informa que, con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de Harvard. La medida obliga a los alumnos internacionales actualmente inscritos a transferirse a otras universidades o perder su estatus legal en EE.UU.
“Es un privilegio, no un derecho, que las universidades inscriban a estudiantes extranjeros. Harvard tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Se negó. Han perdido su certificación por no cumplir con la ley”, afirmó Noem en un comunicado.
El Gobierno sostiene que Harvard ha incumplido normas federales, al negarse a proporcionar información detallada sobre sus alumnos internacionales y permitir, según sus alegaciones, “actividades ilegales y violentas” en su campus. También se acusa a la universidad de haberse coordinado con el Partido Comunista Chino, de implementar políticas de diversidad “racistas”, y de aceptar fondos provenientes de gobiernos y donantes extranjeros sin la debida transparencia.
Harvard ha rechazado categóricamente las acusaciones y anunció una demanda contra la Administración Trump, acusándola de ejercer un “control político indebido” sobre el sistema universitario y de utilizar datos manipulados para justificar una ofensiva ideológica. Entre las cifras que el Gobierno presentó se encuentra un supuesto aumento del 55% en los índices de criminalidad en el campus entre 2022 y 2023, cifras que la universidad tacha de “infundadas y tergiversadas”.
Un golpe financiero y académico
La medida representa un duro golpe para las finanzas de la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, que cobra hasta 87.000 dólares anuales en matrícula y alojamiento a muchos de sus estudiantes internacionales. Actualmente, alrededor del 27% del alumnado de Harvard proviene del extranjero, y su exclusión podría significar la cancelación de programas de investigación clave en áreas como el cáncer, la nanotecnología, la robótica o el Parkinson.
La ofensiva del gobierno contra Harvard se suma a una serie de sanciones dirigidas a otras universidades de élite. Cornell, Northwestern, Brown, Columbia y la Universidad de Pensilvania han sido objeto de congelaciones de fondos que, en conjunto, suman miles de millones de dólares, en lo que algunos observadores califican como una campaña de presión política contra instituciones críticas del gobierno federal.
La medida ha generado preocupación internacional, ya que muchos gobiernos mantienen acuerdos educativos con Harvard y otras universidades estadounidenses. A corto plazo, se anticipa un reajuste masivo en la movilidad académica global, así como repercusiones legales que podrían llegar a la Corte Suprema si el litigio se prolonga.
Desde la oposición y organizaciones defensoras de la educación superior, la medida ha sido calificada como un ataque directo a la autonomía universitaria, que pone en riesgo la reputación internacional del sistema académico estadounidense.
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