El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una serie de más de 200 órdenes ejecutivas que firmará en su primer día en la Casa Blanca. Estas medidas están diseñadas para desmantelar políticas de la administración anterior y consolidar su agenda nacionalista, con un fuerte énfasis en seguridad nacional, independencia energética y desregulación gubernamental.
Entre las acciones más destacadas se encuentra la declaración de emergencia en la frontera sur, que permitirá un cierre efectivo de la frontera con México y la asignación de recursos federales para reforzar la seguridad. Además, Trump busca designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, lo que facilitaría medidas más agresivas contra sus operaciones.
Otra de las órdenes ejecutivas contempla la construcción de una nueva fase del muro fronterizo, con la participación de las fuerzas armadas para agilizar su ejecución. Asimismo, la administración revocará restricciones impuestas en el sector energético, eliminando limitaciones a las perforaciones de petróleo y gas, y suspendiendo temporalmente los arrendamientos para proyectos de energía eólica en alta mar.
En el ámbito laboral, se ordenará el regreso presencial de los empleados federales a sus oficinas, poniendo fin a las políticas de trabajo remoto implementadas anteriormente. También se eliminarán las prácticas de contratación basadas en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), para priorizar únicamente el mérito en la selección de personal gubernamental.
Otra de las decisiones más significativas será el retiro de Estados Unidos del Acuerdo Climático de París, argumentando que la prioridad de la nueva administración será la protección de la economía nacional antes que los compromisos ambientales globales. Además, Trump impulsará una agenda de desregulación masiva, ordenando a las agencias federales la eliminación de normativas que, según su equipo, incrementan costos y afectan la competitividad de las empresas y ciudadanos.
Por otro lado, se revocarán las autorizaciones de seguridad de más de 50 funcionarios que, según la administración, habrían proporcionado información engañosa sobre asuntos de seguridad nacional.
Las medidas anunciadas reflejan un cambio drástico en la dirección del gobierno estadounidense, alineándose con las promesas de campaña de Trump. No obstante, muchas de estas acciones podrían enfrentar obstáculos legales y resistencia política en el Congreso y en los tribunales.
