Washington, 25 de agosto de 2025 (EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que obliga a Washington D.C. y otras ciudades a eliminar la política de fianza sin efectivo para sospechosos arrestados. El mandatario advirtió que retirará fondos federales a las localidades que se opongan a la medida.
“Le estamos poniendo fin”, afirmó Trump al anunciar la decisión, e instruyó a la fiscal general, Pam Bondi, a identificar las jurisdicciones que mantienen este tipo de disposiciones con el objetivo de revocarles subvenciones federales.
Dentro de la misma orden ejecutiva, el presidente instruyó a las autoridades policiales a que las personas arrestadas en la capital sean puestas bajo custodia federal “en la máxima medida permitida por la ley”.
Un cambio drástico en la política de D.C.
La capital estadounidense mantiene desde 1992 un sistema de libertad bajo palabra para sospechosos de delitos que no representan un riesgo significativo, lo que evita el pago de fianzas. Con la nueva disposición, esta práctica quedaría eliminada.
La medida llega apenas 15 días después de que Trump federalizara el Departamento de Policía Metropolitana de Washington D.C., argumentando que la criminalidad en la ciudad está “fuera de control”, pese a que las cifras oficiales señalan el índice de homicidios más bajo en tres décadas.
Medidas adicionales y despliegue militar
Ese mismo lunes, Trump firmó otra orden ejecutiva que establece un año de prisión para quienes quemen la bandera estadounidense en manifestaciones.
En paralelo, cerca de 2.000 agentes de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en las calles de la capital y, según el presidente, pronto patrullarán armados con su equipo de servicio.
Tensión con ciudades demócratas
Trump ha reiterado su amenaza de extender estas medidas a otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago y Los Ángeles, bajo la advertencia de que podría federalizar la seguridad pública en esas jurisdicciones si, en su opinión, no logran controlar la criminalidad.
La decisión, considerada un giro radical en materia de derechos civiles y libertades individuales, abre un nuevo capítulo en la pugna entre la Casa Blanca y gobiernos locales, y podría desencadenar desafíos legales en los próximos días.
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