Una reciente investigación del medio estadounidense The Intercept, con el cual colaboramos, se ha revelado que la administración del presidente Donald J. Trump está negociando acuerdos secretos con al menos 53 países para deportar inmigrantes que no son ciudadanos de esos Estados, en una medida que expertos califican como una expansión sin precedentes del sistema global de expulsiones forzadas.
La estrategia, descrita por el medio como un “gulag global”, busca crear una red de países —muchos de ellos pequeños, inestables o con cuestionados historiales de derechos humanos— dispuestos a aceptar deportados provenientes de Estados Unidos sin importar su nacionalidad ni sus vínculos con el país receptor.
Esta maniobra se ve respaldada por una reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU., que autorizó al gobierno a reanudar las deportaciones a terceros países sin permitir a los migrantes argumentar que podrían enfrentar tortura o muerte en esos destinos. La mayoría conservadora del alto tribunal no ofreció fundamentos para su fallo, pero en una disidencia de 19 páginas, la jueza Sonia Sotomayor, junto a Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, denunció que la medida viola protecciones legales básicas y pone en riesgo vidas humanas.
Uno de los casos más emblemáticos citados por The Intercept es el de ocho hombres deportados a Sudán del Sur, a pesar de que el país se encuentra en guerra civil y es considerado inseguro incluso para el personal diplomático estadounidense. La deportación fue detenida en el último momento por un juez federal, pero los migrantes continúan retenidos en condiciones precarias en una base militar estadounidense en Yibuti, en medio del desierto y sin acceso a un proceso legal claro.
El informe también detalla que la administración Trump ha presionado a países vulnerables económicamente para que acepten a estos migrantes a cambio de evitar sanciones o restricciones de visado. Según un memorando firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, se ofreció alivio diplomático a cambio de la aceptación de migrantes de terceros países. La lista de naciones contactadas incluye a Libia, Sudán del Sur, Siria, El Salvador, Angola, Camboya, Honduras, México, Arabia Saudita, Ucrania y Uzbekistán, entre muchas otras.
El caso de Kosovo es citado como ejemplo: el pequeño país europeo ha aceptado ya 50 migrantes de terceros países, alegando que su presencia será “temporal” mientras se tramita su repatriación. Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que muchos de estos países no están obligados legalmente a proteger a los migrantes ni a evitar su reexpulsión a países donde puedan sufrir persecución o violencia, al no ser signatarios de la Convención de Ginebra sobre Refugiados.
Abogados de derechos humanos y organizaciones como Refugees International y Human Rights First han calificado esta política como cruel, deliberadamente opaca y jurídicamente cuestionable. “Es una estrategia de desaparición burocrática: personas enviadas a países que ni conocen, sin vínculos, y donde su seguridad no está garantizada”, denunció Yael Schacher, directora para América de Refugees International.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional, en cambio, la portavoz Tricia McLaughlin defendió la medidacalificándola como “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”, mientras que el Departamento de Estado se negó a publicar la lista de países con los que existen acuerdos vigentes o en negociación, alegando “sensibilidad diplomática”.
Los críticos, sin embargo, advierten que el precedente legal y geopolítico que esta política establece es profundamente peligroso. Al utilizar a los migrantes como “fichas de cambio” en negociaciones bilaterales, Estados Unidos socava las garantías fundamentales del derecho de asilo y del derecho internacional humanitario.
En palabras de la jueza Sotomayor:
“El Gobierno ha dejado claro en palabra y obra que se siente libre de deportar a cualquiera, a cualquier parte, sin aviso ni posibilidad de defensa. En asuntos de vida o muerte, ha optado por actuar sin precaución.”
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