La administración de Donald Trump analiza una drástica medida migratoria que podría afectar directamente a millones de personas que han solicitado asilo en Estados Unidos: la suspensión o postergación indefinida de los permisos de trabajo para quienes aún esperan resolución en sus casos.
La propuesta, aún en fase de deliberación interna, fue confirmada de forma extraoficial por dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a la cadena CBS News, bajo condición de anonimato. Según el plan, impulsado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se establecería una pausa indefinida a la emisión de autorizaciones laborales para los solicitantes de asilo.
Actualmente, la ley permite acceder a estos permisos 150 días después de presentar una solicitud formal de asilo, y recibirlo luego de un plazo adicional de 30 días. La nueva propuesta busca extender ese periodo a un año completo, y condicionarlo a que USCIS procese las solicitudes en un promedio de 180 días, un objetivo difícil de alcanzar dadas las cifras actuales: más del 77% de los casos llevan más de seis meses sin resolución, y el 40% supera los dos años de espera.
El impacto sería inmediato y profundo: de concretarse, la norma obligaría a millones de solicitantes a sobrevivir sin empleo legal, empujándolos a la economía informal, con mayores riesgos de explotación, pobreza y dependencia.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Grupos defensores de derechos migratorios ya han expresado su preocupación. “Los solicitantes de asilo cumplen roles fundamentales en sectores esenciales: salud, limpieza, construcción. Esta propuesta perjudica a nuestras comunidades y empleadores”, advirtió Conchita Cruz, codirectora del Proyecto de Apoyo a Solicitantes de Asilo (ASAP).
Desde el DHS no han confirmado ni desmentido la iniciativa. En una declaración breve enviada a medios, la agencia indicó que “no comenta sobre procesos deliberativos”, aunque subrayó que la administración anterior “desmanteló la integridad del sistema de asilo”, por lo que se están evaluando “todas las opciones para proteger la seguridad nacional”.
Más de 3.5 millones de solicitudes pendientes
Según cifras oficiales, actualmente hay más de 3.5 millones de solicitudes de asilo en trámite, divididas entre 1.5 millones gestionadas por USCIS y más de 2 millones en tribunales migratorios del Departamento de Justicia. A la luz de esta saturación, la política en estudio es vista por críticos como una forma de desincentivar nuevas solicitudes, endureciendo aún más un sistema ya colapsado.
La propuesta también se aplicaría a solicitantes que están en procesos de deportación. Sería una reedición, en forma más amplia, de una norma implementada brevemente en 2020, durante el primer mandato de Trump, que aumentaba los requisitos para optar por el permiso de trabajo.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha reactivado su estrategia de endurecimiento migratorio, impulsando deportaciones exprés y limitando canales legales de entrada al país. La nueva ofensiva contra los permisos de trabajo marca un paso más en ese enfoque restrictivo, con consecuencias directas sobre la economía informal y el bienestar de miles de familias.
Diversas organizaciones ya preparan recursos legales para impedir la aplicación de esta medida, que, aseguran, viola derechos constitucionales básicos y atenta contra las obligaciones internacionales de Estados Unidos en materia de protección a solicitantes de asilo.
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