En sus primeros meses de regreso al poder, la administración de Donald Trump ha intensificado su retórica y acciones contra los inmigrantes en Estados Unidos, promoviendo una visión cada vez más punitiva que, según expertos y defensores de derechos humanos, está redefiniendo los límites entre legalidad migratoria y criminalidad. El enfoque, denominado por especialistas como “crimigración”, plantea la inquietante posibilidad de que miles de personas con estatus migratorio legal puedan convertirse, de manera súbita, en candidatos a la deportación.
El caso de Valerie Laveus, ciudadana estadounidense residente en Florida, es ilustrativo. Tras meses de trámites para traer a su hermano y sobrino desde Haití mediante un programa humanitario implementado por la administración anterior, sus esfuerzos enfrentan ahora la amenaza de ser invalidados por las nuevas directrices del gobierno federal. “Nos piden que sigamos el camino legal, pero ahora castigan incluso a quienes lo hacen”, afirma con desconcierto.
El programa en cuestión, conocido como CHNV —un acrónimo que hace referencia a Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— otorgaba un permiso temporal de permanencia a ciudadanos de esos países en contextos de inestabilidad. Aunque una jueza federal ha impedido su eliminación por el momento, la administración Trump ha manifestado su intención de restringir o cancelar estas medidas, bajo el argumento de que se utilizaron indebidamente para facilitar el ingreso de inmigrantes “ilegales”.
El Departamento de Seguridad Nacional, liderado por Kristi Noem, ha sostenido que se cometió “un abuso” en el uso de aplicaciones como CBP One, que facilitaban el ingreso ordenado de solicitantes. En una declaración reciente, Noem advirtió: “Los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás”, en referencia a quienes permanezcan en el país sin autorización actualizada.
Más allá de los migrantes beneficiarios de programas humanitarios, otros grupos también han sido objeto de medidas severas. Estudiantes internacionales han visto su estatus revocado por presuntas infracciones menores o meras interacciones con la policía. La iniciativa, bautizada como “student criminal alien initiative”, ha sido criticada por jueces federales que denuncian la falta de revisión individual y la dependencia de algoritmos para tomar decisiones que afectan profundamente la vida académica y profesional de cientos de jóvenes.
“Ahora, todo migrante puede ser tratado como un criminal”, explica Lady Junek Vargas León, experta en relaciones internacionales y migraciones. La integración entre legislación penal y migratoria, advierte, conduce a un escenario en el que “la mera sospecha basada en el origen o el estatus migratorio puede justificar una deportación”.
La criminalización no se limita al lenguaje o a la política administrativa. En marzo, el gobierno deportó a 238 venezolanos a El Salvador bajo acusaciones de pertenencia a organizaciones criminales, sin presentar pruebas concluyentes. Amparado en la Ley de Enemigos Extranjeros, el Ejecutivo actuó incluso en contra de órdenes judiciales, generando inquietud entre defensores de derechos civiles.
El impacto de estas políticas ya se siente en comunidades migrantes en todo el país. Jaime Barrón, abogado de inmigración en Texas, describe una atmósfera de ansiedad persistente: “Hay terror, depresión, desesperanza. Muchos piensan en regresar a sus países de origen, a pesar de los riesgos, simplemente para escapar del acoso”. Aun así, otros tratan de mantener la normalidad: trabajan, envían a sus hijos a la escuela, pagan impuestos, todo mientras viven bajo una amenaza latente.
En paralelo, el gobierno ha propuesto cambios constitucionales de gran calado. Entre ellos, eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, protegido desde hace más de siglo y medio por la Enmienda 14. Aunque la medida no tendría efectos retroactivos, su aplicación afectaría a todos los nacidos en el país tras su entrada en vigor. La Corte Suprema ha aceptado revisar el caso, una decisión que podría alterar profundamente el panorama jurídico estadounidense.
Desde múltiples frentes, académicos y juristas alertan sobre el deterioro de las garantías procesales y la utilización de herramientas automatizadas para tomar decisiones migratorias. “Estamos viendo cómo se consolida una visión en la que lo migratorio y lo criminal se funden, lo cual genera una presunción de culpabilidad basada únicamente en el estatus legal”, concluye la politóloga Leticia Calderón.
La frontera entre legalidad y criminalización parece desdibujarse con rapidez, dejando a miles de personas atrapadas en una burocracia implacable y a merced de un discurso que privilegia la expulsión sobre la integración. La promesa de justicia migratoria, en este contexto, se enfrenta a una de sus pruebas más difíciles.
