WASHINGTON — La administración del presidente Donald Trump ha iniciado una nueva fase de su política migratoria que amplía drásticamente el número de personas elegibles para la deportación, según informes recientes de CNN y declaraciones oficiales.
Entre los afectados están solicitantes de asilo que ingresaron sin visa pero fueron admitidos legalmente en EE.UU., muchos de los cuales recibieron permisos temporales de trabajo mientras se resolvían sus casos. Ahora, la Casa Blanca planea desestimar masivamente estas solicitudes, lo que convertiría a estas personas en indocumentadas sujetas a deportación acelerada, incluso sin audiencia judicial previa.
Además, la Corte Suprema autorizó que algunos migrantes —incluidos cubanos y venezolanos— puedan ser reubicados en países terceros, como Sudán del Sur o Yibuti, si sus países de origen no aceptan repatriaciones.
Expertos y organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por la transformación del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), tradicionalmente encargado de otorgar beneficios migratorios, en una herramienta de control y expulsión bajo esta nueva política.
Esta estrategia, que busca cumplir la meta de 3.000 arrestos diarios, afectará directamente a miles de personas que vivían y trabajaban legalmente en el país hasta ahora.
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