El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito confirmó esta semana la sentencia de 63,5 millones de dólares contra el comisionado de la ciudad de Miami, Joe Carollo, acusado de emprender una campaña de represalias políticas contra los empresarios William “Bill” Fuller y Martin Pinilla, propietarios del reconocido bar-restaurante Ball & Chain, ubicado en la Pequeña Habana.
El fallo judicial, considerado uno de los más contundentes en la política local de los últimos años, ratifica la decisión de un jurado que en 2023 determinó que Carollo violó los derechos constitucionales de los demandantes por haber apoyado públicamente al opositor Alfie León durante las elecciones municipales de 2017.
Durante el juicio, se presentaron testimonios de extrabajadores municipales, grabaciones y documentos que describían una ofensiva organizada desde el cargo público de Carollo, mediante inspecciones constantes, clausuras arbitrarias y citaciones dirigidas a los negocios de Fuller y Pinilla. Las acciones involucraron a la policía local, el cuerpo de bomberos y oficinas de licencias y zonificación. El jurado concluyó que estas medidas fueron utilizadas como herramientas de represalia y no como acciones legítimas de fiscalización.
El tribunal de apelaciones rechazó categóricamente la solicitud de Carollo de un nuevo juicio, así como otras alegaciones por falta de jurisdicción. Esto deja firme la sentencia original y autoriza a los demandantes a proceder con la ejecución del fallo.
Tras la decisión del tribunal, Fuller y Pinilla calificaron la sentencia como una “victoria para la justicia y la democracia local”. En un comunicado conjunto afirmaron:
“Desde el primer día sostuvimos que el comisionado Carollo abusó de su poder para perseguirnos políticamente. Este fallo no solo nos da la razón, sino que también envía un mensaje claro a todos los funcionarios públicos”.
El abogado de los empresarios, Jeff Gutches, anunció que se iniciará de inmediato el proceso para hacer cumplir la sentencia, tanto contra Carollo como contra las aseguradoras que cubrieron su defensa legal. “Este caso pone fin a un período oscuro para el gobierno de la ciudad de Miami”, declaró.
Además del fallo ya ratificado, los demandantes han interpuesto una segunda demanda federal, en la que exigen 2,4 millones de dólares adicionales por pérdidas económicas, legales y personales vinculadas a las acciones del comisionado. Según sus abogados, el hostigamiento institucional no solo afectó sus negocios, sino también su bienestar personal, reputación y salud mental.
Hasta el momento, ni el comisionado Carollo ni la alcaldía de Miami han emitido comentarios oficiales. Durante el juicio, Carollo negó actuar por motivos políticos y defendió sus decisiones como parte de su labor de supervisión, aunque las pruebas presentadas en su contra fueron calificadas como “abrumadoras” por el tribunal.
El caso podría marcar el principio del fin de la carrera política del comisionado, según analistas locales, y sentar un precedente importante sobre los límites del poder de los funcionarios electos y la protección frente a represalias en el ámbito público.
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