El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos ha emitido este jueves una orden para levantar de forma temporal el bloqueo judicial que se había impuesto apenas un día antes a los aranceles globales establecidos por el presidente Donald Trump. La medida otorga una suspensión provisional mientras el tribunal evalúa si concede una moratoria más duradera sobre la aplicación del fallo original.
El revés judicial previo había sido dictado por el Tribunal de Comercio Internacional (CIT), que consideró que Trump se había extralimitado en sus funciones ejecutivas al imponer unilateralmente ciertos aranceles, calificando su decisión de «ilegal». Sin embargo, la nueva resolución judicial permite mantener activos los aranceles mientras se desarrolla el proceso de apelación.
La Casa Blanca reaccionó de inmediato, calificando el fallo del CIT como «flagrantemente erróneo«, y señaló que exploraría llevar el caso incluso ante el Tribunal Supremo si fuera necesario. Según fuentes oficiales, el Gobierno estadounidense defiende que los aranceles son una herramienta legítima de política económica y de seguridad nacional, y que su aplicación responde a intereses estratégicos del país.
Una batalla legal con impacto económico
Este enfrentamiento judicial tiene implicaciones económicas de gran alcance, tanto a nivel interno como internacional. Los aranceles, aplicados de manera generalizada bajo la justificación de proteger sectores estratégicos de la economía estadounidense, han generado tensiones con aliados comerciales y provocado respuestas recíprocas en forma de restricciones arancelarias desde otras naciones.
El caso, que ahora se mueve en una etapa de apelación, podría establecer precedentes clave sobre los límites del poder ejecutivo en materia de comercio internacional, particularmente en lo que respecta a la capacidad presidencial para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
La decisión del Tribunal de Apelaciones se produce en un clima político ya polarizado, en el que las medidas económicas adoptadas por la administración Trump siguen siendo objeto de controversia tanto dentro como fuera del país. Mientras tanto, sectores afectados —como la industria automotriz, el acero y la agricultura— siguen a la expectativa de una resolución definitiva que defina el marco normativo en el que deberán operar en los próximos meses.
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