El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este fin de semana la SB 17, una controvertida ley que establece la prohibición más severa del país contra la adquisición de bienes raíces por parte de ciudadanos o entidades vinculadas a China, Irán, Corea del Norte y Rusia.
La medida, que ha generado tanto respaldo como críticas, tiene como objetivo principal limitar la presencia extranjera en sectores estratégicos del estado, como la agricultura, la infraestructura energética y las zonas cercanas a instalaciones militares. Abbott justificó la ley alegando motivos de seguridad nacional, y declaró: “Texas no será infiltrado por gobiernos hostiles”.
La legislación restringe no solo la compra de tierras agrícolas, sino también propiedades residenciales y comerciales, y se aplicará tanto a personas físicas como a empresas controladas o con participación significativa de los países mencionados.
Aunque el texto incluye excepciones para residentes legales permanentes y ciudadanos naturalizados, organizaciones civiles y grupos de defensa de derechos civiles han expresado su preocupación por el posible impacto discriminatoriode la norma, especialmente hacia ciudadanos de origen asiático e iraní, independientemente de su estatus legal en EE.UU.
La SB 17 forma parte de una tendencia legislativa más amplia en varios estados del país, en medio del creciente clima de desconfianza hacia actores internacionales, en particular frente a la influencia del gobierno chino en sectores tecnológicos y agrícolas.
Expertos advierten que, aunque la ley puede resistir impugnaciones legales, podría enfrentar desafíos constitucionales bajo el argumento de discriminación por origen nacional y conflicto con tratados internacionales.
Mientras tanto, Texas se posiciona a la vanguardia de una política más restrictiva frente a la inversión extranjera, en un contexto de tensiones geopolíticas globales.
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