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Texas A&M Busca Mantener en Secreto Correos Electrónicos Sobre Donación Millonaria

La Universidad Texas A&M enfrenta controversias por su decisión de intentar ocultar decenas de correos electrónicos relacionados con un nuevo centro de investigación financiado por el megadonante conservador Leonard Leo. Según documentos presentados ante el fiscal general del estado bajo la ley de registros públicos de Texas, la universidad busca evitar la divulgación de esta información.

Leonard Leo, conocido por su influencia en el ámbito judicial estadounidense y por su papel como copresidente de la Sociedad Federalista, comprometió una donación de 15 millones de dólares en 2022 para establecer el Centro sobre la Constitución Estructural en la Facultad de Derecho de Texas A&M. Esta suma representa una de las mayores contribuciones recibidas por la universidad.

El centro, que fue propuesto inicialmente en la Facultad de Derecho de Cornell, alma máter de Leo, no prosperó debido a la oposición del profesorado de esa institución. Sin embargo, la idea fue reactivada en Texas A&M, donde el entonces presidente de la universidad, Michael Young, quien ahora enseña en la facultad de derecho, involucró a Leo como asesor externo para su propio instituto de investigación.

A pesar de las solicitudes de registros públicos enviadas por The Intercept sobre el centro y la donación de Leo, la universidad ha sido reticente a divulgar detalles. Respondiendo a una solicitud específica sobre el acuerdo de donación firmado por la escuela de derecho, la universidad afirmó no poder localizar documentos pertinentes, aunque reglas de la Fundación Texas A&M, que recibió la primera instalación de 5 millones de dólares en 2022, exigen acuerdos escritos para tales donaciones.

Más aún, la universidad se ha opuesto a revelar correos electrónicos del decano de la facultad de derecho sobre el centro, argumentando que algunos de estos mensajes están protegidos bajo leyes estatales que resguardan procesos de licitación competitiva y la identidad de los donantes a instituciones de educación superior.

La lucha por mantener estos correos en secreto plantea preguntas sobre la transparencia y la influencia de donaciones importantes en la política y operaciones de las instituciones educativas públicas.

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