La comunidad masónica de Cuba ha manifestado un abierto rechazo al nombramiento de Mario Alberto Urquía Carreño como Gran Maestro, un cargo crucial dentro de la organización. Este nombramiento, realizado por la Dirección de Asociaciones del Ministerio de Justicia de Cuba, ha sido cuestionado tanto por la forma en que se llevó a cabo como por las circunstancias personales y acusaciones que pesan sobre Urquía Carreño.
En enero de este año, se reportó un incidente de robo en el que desaparecieron 19,000 dólares de la oficina de Urquía, evento que algunos miembros de la masonería catalogan como una «alta traición». Este suceso ha incrementado el descontento dentro de la organización, provocando que diversas logias expresen su desacuerdo con la decisión gubernamental y declaren su intención de no reconocer a Urquía como su líder.
Según fuentes internas que han preferido mantener el anonimato, la situación ha generado una atmósfera de desconcierto y rechazo unánime. La resistencia no se ha limitado a declaraciones, ya que varios masones han amenazado con renunciar a sus cargos si Urquía no es removido. Además, algunos miembros han realizado actos públicos de protesta; por ejemplo, el maestro Karel Miralles Sánchez se plantó frente al edificio de la Gran Logia de Cuba exigiendo la renuncia formal de Urquía.
La controversia también ha provocado críticas hacia la Seguridad del Estado, con acusaciones de influencia indebida en asuntos internos de la masonería. Estas tensiones podrían representar un momento crucial para el futuro de la masonería en Cuba, en un contexto donde la comunidad masónica busca afirmar su autonomía y principios democráticos internos.
Este conflicto subraya la compleja interacción entre las asociaciones civiles en Cuba y las autoridades gubernamentales, en un momento donde el papel de dichas asociaciones se encuentra en constante evaluación y debate.
