Aunque el Gobierno cubano ha legalizado más de 230 mil viviendas desde que en mayo de 2019 se iniciara el proceso de regularización, la crisis habitacional continúa siendo uno de los problemas sociales más agudos en la Isla. Según datos de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), actualizados hasta marzo de este año, el proceso ha beneficiado a decenas de miles de familias. Sin embargo, los asentamientos ilegales y las condiciones insalubres en muchas zonas del país reflejan un problema estructural no resuelto.
De acuerdo con Marvelis Velázquez Reyes, directora de Asuntos Legales de la Vivienda en el Ministerio de la Construcción, la cifra de inmuebles legalizados podría ser aún mayor, ya que no todos los datos han sido consolidados con los registros del sistema de Ordenamiento Territorial y Urbano. A pesar de estos avances, más de 19 mil casos permanecen sin solución, lo que motivó una nueva prórroga del proceso hasta diciembre de 2025, según recoge la Gaceta Oficial Extraordinaria número 26.
Entre los beneficiarios del proceso de legalización se encuentran 54.500 arrendatarios de inmuebles estatales, 15.600 usufructuarios y ocupantes de cuartos, así como más de 130.000 ciudadanos que edificaron sus viviendas por esfuerzo propio. Estas cifras, aunque significativas, no han logrado frenar la multiplicación de asentamientos improvisados, muchos de ellos en zonas sin autorización legal para urbanizar.
En dichos asentamientos, la vida cotidiana transcurre sin acceso estable a servicios esenciales como el agua potable, la electricidad o el saneamiento básico. Las condiciones de precariedad no solo representan un riesgo constante para la salud pública, sino que también reflejan la insuficiencia de las políticas de vivienda del país.
Paradójicamente, ni siquiera el éxodo masivo de cubanos, que ha contribuido a una disminución de la presión poblacional en algunas zonas urbanas, ha servido para mitigar la escasez. La falta crónica de materiales de construcción, los elevados costos del sector privado y la complejidad burocrática continúan empujando a miles de familias a soluciones habitacionales de emergencia o ilegales.
Especialistas en planificación urbana coinciden en que, sin un giro estructural en las políticas públicas de vivienda —que contemple inversiones reales en infraestructura, una descentralización de las decisiones y mecanismos ágiles de legalización—, la crisis no hará más que agravarse. La simple regularización de construcciones existentes, sin nuevas viviendas ni programas de acceso equitativo, actúa como paliativo, pero no resuelve las causas profundas de la exclusión habitacional.
El contraste entre los datos oficiales celebrados y la persistente expansión de barrios marginales pone en evidencia una dura realidad: miles de cubanos siguen sin poder ejercer su derecho a una vivienda digna, en un país donde la política estatal se ha visto superada por décadas de acumulación de déficit habitacional, pobreza estructural y desajuste entre la normativa y las necesidades reales de la población.
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