El Tribunal Provincial de Santiago de Cuba dictó condenas de cinco años de cárcel para Félix Daniel Pérez Ruiz, de 24 años, y de cuatro años para Cristhian de Jesús Peña Aguilera, de 22 años, por publicaciones realizadas en la red social Facebook que las autoridades consideraron como «propaganda contra el orden constitucional». Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), este juicio estuvo a cargo de los jueces Yoendris Rosabal Jerez, Angélica Maurelo Carbonel y Eilen Labrada Núñez, bajo la acusación del fiscal Adan Vicente Santos Santos.

La sentencia detalla que Pérez Ruiz expresó en su publicación descontento hacia el gobierno cubano, usando un lenguaje contundente y convocando a una manifestación en el parque Vicente García, en Las Tunas. Sin embargo, esta protesta nunca llegó a concretarse debido a la intervención de las autoridades. Por su parte, Peña Aguilera compartió dicha publicación en Facebook, acción que el tribunal interpretó como una ampliación de la convocatoria.

El OCDH criticó con firmeza estas condenas, señalando que representan un castigo extremo contra el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. «Penalizar con cárcel a ciudadanos que expresan sus opiniones en redes sociales deja en evidencia la intolerancia hacia cualquier forma de crítica», expresó la organización en un comunicado.

Casos que evidencian un patrón de represión

Las severas penas impuestas a Pérez Ruiz y Peña Aguilera no son casos aislados. En enero de este año, se confirmó una condena de 15 años de prisión para Mayelín Rodríguez Prado, de 24 años, quien fue detenida en agosto de 2022 tras transmitir en vivo manifestaciones antigubernamentales en Nuevitas, Camagüey. Acusada de «propaganda enemiga continuada» y «sedición», Rodríguez Prado cumple su sentencia en la Prisión Provincial de Mujeres de Camagüey, donde ha denunciado condiciones degradantes.

Estos casos contrastan con la indulgencia en otras situaciones de carácter delictivo. Por ejemplo, un joven que atropelló a un recluta del servicio militar sin poseer licencia de conducir, y que intentó abandonar el país tras el hecho, enfrenta una solicitud fiscal de nueve años de prisión, mientras su defensa aboga por solo tres años de privación de libertad.

Este tipo de condenas ha generado preocupación tanto dentro como fuera del país, ya que muestran un énfasis en castigar el pensamiento crítico mientras que otras infracciones reciben un trato diferente. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos siguen llamando la atención sobre la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y de proteger la libre expresión en todas sus formas.