Un grupo de asociaciones independientes en Estados Unidos, compuesto por exiliados cubanos y descendientes de propietarios cuyas propiedades fueron confiscadas tras la Revolución de 1959, ha iniciado los preparativos para una ofensiva legal contra ciudadanos en Cuba que arriendan inmuebles a través de la plataforma Airbnb. Las acciones, que podrían derivar en demandas multimillonarias, se basan en el Título III de la Ley Helms-Burton, activado en 2019 por la administración Trump, que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a quienes se beneficien económicamente de propiedades expropiadas sin compensación.

Entre las organizaciones que impulsan estas iniciativas se encuentra la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, una entidad que desde hace años se dedica a identificar propiedades confiscadas y a reunir documentación para futuras demandas. Según sus portavoces, numerosos anfitriones de Airbnb en ciudades como La Habana, Varadero y Trinidad están generando ingresos con propiedades que fueron arrebatadas a familias cubanoamericanas sin indemnización por parte del Estado cubano.

Uno de los casos emblemáticos es el de Javier García-Bengochea, neurocirujano de Jacksonville, quien en 2024 presentó una demanda contra Airbnb por permitir el alquiler de un edificio en el barrio habanero de Marianao que, según documentación oficial, pertenecía a su familia. La propiedad fue valorada en más de 547,000 dólares en 1970 por la Comisión de Reclamaciones del Departamento de Justicia de EE.UU.

Los demandantes argumentan que Airbnb estaría «traficando» con propiedades confiscadas, un término legal utilizado por la ley Helms-Burton para describir el beneficio económico derivado de inmuebles expropiados. La legislación permite a los reclamantes solicitar el valor actualizado de la propiedad, así como una compensación por los ingresos generados por su uso, lo que podría representar un golpe financiero considerable tanto para la plataforma como para los arrendadores en la isla.

En respuesta a la creciente presión legal, Airbnb ya ha tomado algunas medidas. En 2025, la compañía anunció la suspensión de pagos a anfitriones cubanos con cuentas bancarias locales, una decisión que ha generado incertidumbre y descontento entre los usuarios de la isla. Previamente, en 2022, la empresa ya había enfrentado sanciones, pagando una multa de más de 91,000 dólares al Departamento del Tesoro de EE.UU. por violaciones relacionadas con el embargo.

El gobierno cubano, por su parte, ha desestimado la legitimidad de estas demandas, calificándolas como “chantaje político” y rechazando la jurisdicción de los tribunales estadounidenses. Alega además que los ciudadanos cubanos que arriendan sus propiedades lo hacen conforme a la legalidad vigente en la isla, ya sea por herencia o por compra legítima posterior a la expropiación.

División de opiniones en la comunidad y en redes sociales
El conflicto ha provocado reacciones encontradas tanto en medios de comunicación como en redes sociales. En la comunidad cubanoamericana en Florida, las demandas han sido ampliamente respaldadas, vistas como una vía para hacer justicia por las confiscaciones sufridas. Activistas como García-Bengochea han sido elogiados por su perseverancia, y en plataformas como X, cuentas como @negrin_cuba celebran la presión legal sobre Airbnb y la describen como una estrategia legítima para debilitar al régimen cubano.

Organizaciones como la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba también han sido destacadas en medios como El Nuevo Herald, por su labor de documentación y movilización legal.

En contraste, desde Cuba y sectores críticos del embargo, las demandas son vistas como una ofensiva que castiga al ciudadano común y obstaculiza el emprendimiento privado. Publicaciones como la de @eltoquecom denuncian el impacto que la suspensión de pagos de Airbnb tiene sobre pequeños propietarios cubanos, muchos de los cuales no estaban al tanto de los reclamos legales sobre los inmuebles que hoy ocupan o alquilan.

Expertos jurídicos consultados por medios como BBC Mundo advierten que estos procesos son complejos, costosos y de incierta resolución. La dificultad de probar la titularidad legítima después de más de seis décadas, sumado a tarifas de presentación superiores a los 6,500 dólares por caso, podría limitar el alcance real de esta ofensiva legal.

Implicaciones para el turismo y la economía cubana
Más allá del plano jurídico, el conflicto podría tener repercusiones directas sobre el ya debilitado sector turístico cubano. En lo que va de 2025, la llegada de visitantes extranjeros ha caído un 29.7 % en comparación con el año anterior, y la retirada parcial de Airbnb complica aún más el panorama. La cancelación de “Experiencias” —tours, clases y eventos organizados por locales— ha golpeado especialmente a emprendedores independientes.

Plataformas como CubaenMiami.com han documentado testimonios de cubanos que dependían de Airbnb para generar ingresos en divisa, mientras que otros sectores celebran la medida como parte de una estrategia de “asfixia económica” al régimen.

Las demandas contra propietarios de Airbnb en Cuba reflejan la persistencia de heridas históricas sin cerrar, así como la complejidad de la situación legal, política y económica entre Cuba y Estados Unidos. Mientras asociaciones de exiliados ven en estos procesos un acto de reivindicación histórica y justicia, muchos cubanos en la isla los perciben como una carga adicional en un contexto de crisis económica. La evolución de estos casos podría marcar un nuevo capítulo en el ya tenso vínculo bilateral y redefinir las reglas del juego para plataformas internacionales que operan en escenarios legalmente controvertidos.