LA HABANA – Rodolfo Lores Guerra, General de Brigada y Segundo Jefe del Ejército Oriental, se encuentra suspendido de sus funciones y bajo arresto domiciliario desde hace dos meses, según revelaciones publicadas por el medio independiente La Tijera en su página de Facebook. Las acusaciones contra el alto mando incluyen corrupción, abuso de cargo, malversación, tráfico de influencias, entre otros cargos militares y comunes.
La carrera militar de Lores Guerra ha sido controvertida, comenzando en la Brigada de la Frontera de Guantánamo, donde fue Jefe de Batallón del Oeste. A finales de los 90, fue degradado de Teniente Coronel a Mayor tras ser descubierto facilitando el acceso ilegal a la zona fronteriza para actividades de pesca y caza a civiles. A pesar de estos hechos, Lores Guerra fue perdonado y continuó ascendiendo en el escalafón militar hasta alcanzar el rango de General y la posición de Segundo Jefe del Ejército Oriental.
Actualmente, Lores Guerra enfrenta un proceso penal liderado por la Fiscalía Militar Principal y el Órgano de Instrucción Judicial de la Contrainteligencia Militar (CIM). Durante las investigaciones, se ha descubierto que el General utilizó su posición para beneficiarse personalmente, apropiándose de medios de transporte y equipos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Estos recursos, dados de baja fraudulentamente, fueron trasladados a una finca rústica en Guantánamo, gestionada por testaferros, donde el general almacenaba dichos bienes.
Este caso ha sido notablemente omitido por los medios de comunicación estatales, lo cual ha levantado sospechas sobre posibles complicidades dentro de las altas esferas del ejército y el gobierno. Fuentes indican que el silencio mediático se debe al conocimiento que Lores Guerra posee sobre actividades ilícitas de otros altos oficiales y dirigentes de las provincias orientales.
El caso del General Lores Guerra destapa una vez más las capas de corrupción que, según críticos, parecen permear los niveles más altos de la estructura militar y gubernamental en Cuba, evidenciando la urgencia de una reforma y transparencia significativas dentro de las instituciones del país.
