A pesar del discurso dominante que asocia migración irregular con criminalidad, más del 70% de los migrantes actualmente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos no tienen antecedentes penales, según cifras recientes publicadas por Martí Noticias y basadas en datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un centro de investigación de la Universidad de Syracuse.
Hasta el 15 de junio de 2025, ICE retenía a 56.397 personas, el número más alto registrado desde mayo de 2019. Solo el 28.3% de esos detenidos tiene antecedentes criminales, y muchos de esos casos corresponden a faltas menores o infracciones administrativas, como pescar sin licencia, violaciones de tránsito o no llevar un perro con correa. Es decir, la mayoría de los detenidos no ha cometido delitos graves, en abierto contraste con las justificaciones esgrimidas para mantenerlos bajo encierro.
No obstante, la actual administración republicana considera que el ingreso irregular al país ya constituye por sí solo una causa suficiente para la detención y posible deportación, independientemente de si el migrante tiene o no historial delictivo. Esta visión ha derivado en una política de detenciones masivas que ha incrementado la presión sobre los centros de procesamiento, especialmente en estados como Texas y Mississippi. Solo en el condado de Adams, Mississippi, se reporta una media de 2.166 personas detenidas diariamente, la cifra más alta del país.
Frente a este contexto, ICE ha expandido también el uso de las Alternativas a la Detención (ATD), mediante las cuales más de 183.000 personas —entre ellas muchas familias— están siendo monitoreadas con dispositivos electrónicos como tobilleras con GPS. San Francisco encabeza las regiones con más individuos bajo estos programas, considerados por algunos sectores como una vía más humanitaria de control migratorio.
En paralelo, las cifras reflejan una intensificación de las medidas de control fronterizo: en mayo de 2025, ICE realizó 23.662 arrestos, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detuvo a otras 5.234 personas. Estas cifras consolidan la línea dura adoptada por el gobierno estadounidense en materia migratoria.
El Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), fuente de estos datos, es una entidad no partidista fundada en 1989 que tiene como objetivo proporcionar transparencia sobre las operaciones del gobierno federal. Sus informes permiten comprender con mayor claridad el perfil real de la población migrante detenida, desmontando narrativas simplistas y promoviendo un debate más informado sobre las políticas migratorias en Estados Unidos.
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