El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha incrementado en las últimas semanas la presencia de buques de guerra y fuerzas navales en el sur del mar Caribe, muy cerca de las aguas venezolanas. Según reporta The New York Times, este despliegue coincide con la firma de una directiva presidencial que instruye al Pentágono a emplear la fuerza contra cárteles de la droga catalogados como “organizaciones terroristas”, entre los cuales Washington ubica a sectores del gobierno de Nicolás Maduro.
La directiva, que se mantiene clasificada, marca un giro en la estrategia de la Casa Blanca al vincular directamente la lucha contra el narcotráfico con la política hacia Venezuela. El propio Trump ha calificado al gobierno de Maduro como un “cártel narcoterrorista”, mientras que voceros de su administración han insistido en que el presidente venezolano no es un líder legítimo, sino un actor criminal con alcance regional.
En respuesta a los movimientos militares estadounidenses, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, asegurando que “nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros”. La retórica confrontativa eleva el riesgo de un choque directo entre ambas naciones, en un contexto marcado por años de tensiones políticas y sanciones internacionales.
El Pentágono ha evitado dar detalles sobre los planes operativos, pero confirmó que destructores de misiles guiados y un grupo anfibio de la Marina, con más de 6.000 efectivos entre marineros e infantes de marina, se dirigen hacia la región. A ello se suman aviones de vigilancia y al menos un submarino de ataque, configurando una fuerza de disuasión de gran alcance. Según expertos citados por The New York Times, enviar destructores de la clase Arleigh Burke a operaciones antinarcóticos es equivalente a “llevar un obús a una pelea de navajas”.
El debate legal y político dentro de Estados Unidos también se intensifica. Algunos analistas comparan la actual situación con el incidente del golfo de Tonkín en Vietnam o con la invasión a Panamá en 1989, episodios en los que operaciones militares inicialmente limitadas derivaron en intervenciones a gran escala. Otros advierten que, sin autorización del Congreso, cualquier acción ofensiva contra Venezuela podría considerarse una guerra no declarada.
Más allá de la cuestión legal, persisten dudas sobre los objetivos estratégicos de la Casa Blanca. Por un lado, el gobierno busca presionar a Maduro para frenar el flujo de drogas y migrantes hacia territorio estadounidense; por otro, la acumulación de poder naval apunta a un posible escenario de cambio de régimen. Esta ambigüedad genera incertidumbre tanto en Washington como en la región.
La designación de bandas criminales venezolanas, como el Tren de Aragua, como organizaciones vinculadas al Estado venezolano, añade más complejidad al panorama. Aunque la administración Trump sostiene que actúan bajo órdenes de Maduro, agencias de inteligencia han señalado que no existen pruebas claras de ese control directo. Sin embargo, la narrativa oficial insiste en reforzar la conexión entre crimen organizado y la cúpula chavista.
Con la presencia militar estadounidense creciendo y la respuesta de Caracas orientada a la defensa territorial, el escenario se acerca a una peligrosa zona gris. Mientras tanto, The New York Times destaca que las intenciones concretas del gobierno estadounidense se mantienen en secreto, alimentando la especulación sobre si se trata de una maniobra de presión o del preludio a una confrontación militar abierta.
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