La congresista María Elvira Salazar, representante del Distrito 27 de Florida, envió este 21 de agosto una carta dirigida al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro solicitando una investigación sobre compañías radicadas en el sur de Florida que, presuntamente, estarían facilitando la evasión de sanciones impuestas contra el gobierno cubano.
Según detalla la misiva oficial, obtenida por CubaHerald, varias empresas han abierto operaciones en la región ofreciendo servicios como “paquetes turísticos”, “logística”, envíos puerta a puerta y hasta ventas de automóviles, que en la práctica funcionarían como mecanismos para burlar las restricciones de Estados Unidos. “Estas compañías convierten en burla las sanciones sobre Cuba”, señala el documento, recordando que bajo el sistema económico cubano nada entra a la isla sin que las autoridades se lleven una parte.
La congresista advirtió además que muchos de estos negocios están directamente vinculados con individuos cercanos al círculo de poder en La Habana. Como ejemplo, mencionó el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, detenido recientemente por las autoridades migratorias estadounidenses y señalado como allegado a la familia de Raúl Castro. Salazar subraya que no sería sorprendente que varias de estas compañías operen con conocimiento y consentimiento de altos dirigentes cubanos.
En su carta, la legisladora hizo un llamado a la administración de Donald Trump para que se tomen medidas inmediatas y se refuercen los mecanismos de control, recordando que el propio presidente ya había enfatizado en su memorando de seguridad nacional del 30 de junio la importancia de aplicar estrictamente las sanciones a Cuba.
“Las sanciones no sirven de nada si no se hacen cumplir, y los residentes del Distrito 27 exigen respuestas”, escribió Salazar, quien reiteró que sus electores consideran inaceptable que se utilicen resquicios legales para financiar indirectamente al sistema cubano mientras miles de cubanos en el exilio han sufrido penurias para reconstruir sus vidas.
La petición ahora queda en manos de los secretarios Marco Rubio, al frente del Departamento de Estado, y Scott Bessent, del Tesoro, quienes deberán determinar si estas prácticas violan la legislación vigente y qué acciones legales pueden adoptarse para frenar estas operaciones.
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